"El costo de los daños causados a infraestructuras ucranianas hasta enero de este año se calcula en unos 155 mil millones de dólares". Así de tajante se mostró la ministra holandesa de Exteriores, Hanke Bruins Slot, durante la ceremonia de apertura de la conferencia "Restablecer la justicia para Ucrania", celebrada el martes (2.4.2024) en La Haya. Además, según la política holandesa, más de 200.000 edificios, casi 4.000 escuelas y unos 400 hospitales están en ruinas o han quedado completamente destruidos.

Casi 60 representantes gubernamentales estuvieron presentes en la conferencia, muchos de ellos procedentes de países europeos, pero también de otros lugares, como Estados Unidos, Japón y Canadá. Todos ellos se reunieron con representantes del Consejo de Europa, las instituciones de la UE y la Corte Penal Internacional, así como con representantes del poder judicial ucraniano.

La responsabilidad rusa

Se calcula que Ucrania necesitará unos 450 mil millones de euros en los próximos diez años para su reconstrucción. Pero, en la conferencia de La Haya, el debate más arduo giró sobre cómo responsabilizar a Rusia por los daños causados. La discusión tuvo lugar bajo la sombra del segundo aniversario de la liberación de Butscha. Tras la retirada de las tropas rusas en esta localidad del este de Ucrania, fueron hallados más de 400 cadáveres, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda.

"Estuve hace dos días en Butsha, una ciudad convertida en símbolo de la maldad rusa durante la guerra. Todos ustedes recuerdan el aspecto que tenían las calles de Butsha tras la expulsión de los ocupantes rusos", dijo Zelenski en una alocución en video dirigida a los participantes de la conferencia.

Según el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, actualmente hay pendientes más de 125.000 casos de presuntos crímenes de guerra. Entre ellos, figuran numerosos casos relacionados con los incidentes de Butsha de hace dos años. Rusia, por su parte, afirma que las imágenes fueron un montaje.

Al final de la conferencia, 44 Estados emitieron una declaración final, en la que afirmaban que Rusia debe pagar por sus actos y rendir cuentas por su  guerra contra Ucrania.

Reportar daños con el celular

Los participantes de la conferencia acogieron con satisfacción el hecho de que, a partir de ahora, los ucranianos pueden notificar daños en edificios residenciales a través de su celular. Ello es posible gracias a una aplicación que ya se utiliza en el país para trámites administrativos electrónicos.

Sin embargo, aún no está claro cómo se compensarán los daños, todavía no se ha creado un mecanismo de compensación. Markiyan Kliuchkovskyi, director del registro de reclamaciones de Ucrania, asegura a DW que, según la legislación internacional vigente, el dinero para las indemnizaciones debe proceder de Rusia. La cuestión es cómo debe hacerse exactamente.

Tribunal para el crimen de agresión

Otra cuestión sin resolver es la creación de un denominado tribunal especial para Ucrania que se ocupe del crimen de agresión, es decir, del inicio de una guerra de agresión. Aunque Kuleba, el ministro ucraniano de Exteriores, declaró por la mañana que, de momento, no se había avanzado en esa cuestión, mostró su satisfacción por el apoyo de los participantes en la rueda de prensa de clausura. En la declaración final, los 44 firmantes afirmaron que seguían decididos a trabajar por la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento del crimen de agresión.

Didier Reynders, Comisario de Justicia de la Comisión de la UE, expresó, en entrevista con DW, su confianza en que dicho tribunal especial pudiera establecerse a finales de año. Pero aún queda mucho camino por recorrer.

Procesos en curso

Según informó en la conferencia el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, en su país ya se están enjuiciando crímenes de guerra. Se ha identificado a 551 personas sospechosas de haber cometido este tipo de delitos, de las que 374 han sido acusadas y 104 condenadas por tribunales ucranianos.

La Corte Penal Internacional de La Haya también ha emitido ya cuatro órdenes internacionales de detención contra actores rusos, una de ellas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra.