DW: El Gobierno de Pakistán anunció haber actuado con dureza contra milicias, organizaciones e instituciones extremistas. Según su anuncio, 180 escuelas religiosas fueron clausuradas y más de 100 personas fueron arrestadas provisionalmente.  ¿Qué piensa usted? Ya en el pasado hubo acciones como esta. India critica concretamente que el líder del grupo terrorista Lashkar-e-Toiba, Hafiz Saeed, ya fue arrestado y liberado en varias ocasiones.

Christian Wagner: Creo que esta vez hay que tomar más en serio este anuncio, ya que tanto las detenciones como el cierre de diversas instituciones son una reacción inmediata a la actuación del Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (FATF por sus siglas en inglés), que en las pasadas semanas ha deliberado sobre Pakistán. Este organismo internacional ha dejado claro al Gobierno de aquel país su descontento con los esfuerzos hechos hasta el momento. Pakistán debe temer que, si no cumple con los requisitos necesarios, podría ser incluido el próximo mes de septiembre en la lista negra contra la financiación del terrorismo internacional. Naturalmente, eso tendría consecuencias trascendentales para el país. Por ejemplo, en los mercados financieros. Supuestamente, el Gobierno de Pakistán desea impulsar procesos judiciales contra los líderes de grupos terroristas, algo que, por experiencia, sabemos que lleva mucho tiempo. Pero creo que la comunidad internacional observará en el futuro más cuidadosamente que antes el tratamiento que Pakistán da a estas milicias.

¿Qué sucede con el grupo "Jaish-e-Mohamad" ("El Ejército de Mahoma" en castellano, también conocido por sus siglas JeM). En teoría, está prohibido en Pakistán desde 2002, pero parece seguir actuando sin obstáculos.

Aunque este tipo de grupos están oficialmente prohibidos en Pakistán, han podido seguir operando sin complicaciones. El JeM y el "Lashkar-e Toiba" ("Ejército de los Puros", conocido por sus siglas LeT), siempre fueron considerados como una extensión del Ejército de Pakistán o de sus servicios secretos. Por lo tanto, siguieron planeando y llevando a cabo atentados. El antiguo presidente Musharraf explicó una vez públicamente que los servicios secretos forman a ambas milicias. La responsabilidad de una serie de atentados ocurridos desde 2002 recae sobre el JeM, entre otros, el ataque en  primavera de 2016 contra la base militar de Pathankot, en la Cachemira india. Supuestamente, dentro de algunos meses podremos saber si efectivamente ha cambiado algo la relación entre las milicias y el aparato de seguridad pakistaní. Y, si es así, hasta qué punto.

¿Qué valoración hace usted de la reacción de Pakistán tras el ataque aéreo de India contra su territorio?

 Hay que decir que Pakistán ha hecho mucho de forma relativamente rápida para poner fin a esta crisis. El piloto indio detenido fue liberado con mucha rapidez. Aparentemente, el lado pakistaní no tenía ningún interés en esta crisis en el momento actual, algo que no sorprende si tenemos en cuenta las dificultades económicas del país. El ataque llevado a cabo en Pulwama, en la parte de la Cachemira india, demuestra que milicias como el JeM parecen atentar también de forma independiente a las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Tras el ataque aéreo de India se temió una escalada militar incontrolada. Por suerte no ha ocurrido…

La parte pakistaní ha obrado con habilidad. Su respuesta militar fue limitada, con un bombardeo en la Cachemira india que no ha dañado objetivos militares. En sus respectivos comunicados, ambas partes han puesto de manifiesto que las instalaciones militares no son objetivos de sus ataques. Pakistán ha llevado a cabo por primera vez el bombardeo con su fuerza aérea. Su contraataque podría haber sido efectuado con la artillería, estacionada a lo largo de la línea de control. Desde ese punto de vista, ambas partes han elevado algo sus líneas rojas. Pakistán también ha demostrado que puede reaccionar con su fuerza aérea.  

¿Qué posibilidades hay de encontrar una solución política al conflicto de Cachemira?

Si dejamos a un lado la compleja cuestión de derecho internacional sobre el estatus de Cachemira, la parte india tendría que hacer varias cosas. Tendría que poner en marcha de nuevo un proceso político en Jammu y Cachemira. En los últimos años ha habido muchas protestas y una radicalización de los jóvenes. El Gobierno apenas ha reaccionado con respuestas políticas, sino que ha empleado las fuerzas de seguridad. Era más sencillo catalogar a estos jóvenes como cercanos el terrorismo o simpatizantes de Pakistán.

Realmente, solo podemos esperar que, tras las elecciones en India, vuelva el diálogo entre el Gobierno central en Nueva Delhi y las fuerzas políticas en Jammu y Cachemira. El Gobierno indio suspendió el pasado mes de diciembre al Gobierno regional de Cachemira. Por parte de India, solo puede haber una solución si se diferencian los diferentes grupos de protesta y se desarrollan las respectivas estrategias políticas. Hay voces críticas, dentro de las fuerzas de seguridad indias, que reclaman una solución política de este tipo. Es una forma de eliminar el caldo de cultivo de los extremistas de Pakistán que han venido operando hasta ahora. Si Pakistán, por su parte, realmente consiguiera frenar de forma duradera las actividades de milicias como JeM y LeT, podría producirse un punto de inflexión en la espiral de violencia y las relaciones bilaterales entre India y Pakistán podrían mejorar notablemente.

(ms/cp)

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