El Senado de México aprobó este martes (02.03.2021) la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca propulsar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los generadores privados, sobre todo de energías renovables.

Con 68 votos a favor y 58 en contra, tras más de cinco horas de discusión el pleno del Senado aprobó en lo general la iniciativa preferente de López Obrador, aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados.

La bancada mayoritaria del partido gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), que avalaron la reforma a falta de las reservas, defendieron el discurso del presidente con ataques y acusaciones a las empresas privadas.

Previamente, senadores de la oposición mexicana anunciaron que, una vez que la reforma sea aprobada por la Cámara Alta, presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra ella.

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), arremetieron contra la reforma diseñada por el presidente López Obrador, que prioriza a la compañía eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas nacionales y extranjeras.

Aval sin cambios 

En la madrugada de este martes, las comisiones de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la de Estudios Legislativos del Senado avalaron, con 23 votos a favor y 20 en contra y sin cambios, el dictamen que la Cámara de Diputados aprobó hace una semana.

El bloque oficialista, encabezado por Morena, impidió además que prosperase la propuesta de los opositores de convocar un ejercicio de parlamento abierto para que organizaciones civiles y empresarios opinasen acerca del dictamen.

El principal cambio que introducirá la reforma será la eliminación del criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la empresa del Estado, la CFE, sobre las centrales privadas de renovables, dejando como última opción las de ciclo combinado.

También, de forma retroactiva, ordena revisar los contratos previos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Desde que envió el 1 de febrero la iniciativa al Congreso con carácter preferente, para que fuese discutida en un plazo de 30 días en cada Cámara, López Obrador ha pedido no cambiar "ni una coma" al dictamen, una instrucción que han seguido sus legisladores.

jc (efe, Milenio, El Universal)