El presidente del Congreso de Perú, Daniel Salaverry, decretó ampliar la actual legislatura hasta el 25 de julio próximo, a fin de que se debatan los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo y por los que a inicios de junio ambos poderes se vieron enfrentados.

"Existen importantes proyectos de ley, otros asuntos que deben ser tratados por el pleno del Congreso, algunos de los cuales no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente", señaló Salaverry en un documento del Congreso publicado este sábado por medios locales.

Con la ampliación de la segunda legislatura ordinaria, que se tenía previsto que culminara este sábado, el Congreso podrá abordar los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y los dictámenes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

Los seis proyectos de ley de reforma política, entre los que se incluyen el impedimento para que personas con condenas postulen a cargos públicos y una ley que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, entre otros, son actualmente materia de debate en la Comisión de Constitución del Congreso, que preside la fujimorista Rosa Bartra, férrea opositora de los mismos.

Con esta ampliación de la legislatura también se podrán debatir y votar los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que estaban pendientes y los dictámenes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

El jefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, tal como anunció el presidente Martín Vizcarra en un mensaje a la nación, presentó una cuestión de confianza al Congreso a inicios de junio para pedir que se aprobaran seis de los doce proyectos de reforma política en la actual legislatura y respetando su "esencia".

El 5 de junio pasado el pleno del Congreso, liderado por el fujimorismo, aprobó la confianza por mayoría, por lo que la Comisión de Constitución, tuvo que modificar su cronograma de trabajo para priorizar los proyectos del Ejecutivo. Una votación con presión de por medio, debido a que de no haber otorgado la confianza al Ejecutivo, Vizcarra hubiera podido usar la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas.

La Constitución peruana permite que el presidente recurra a este extremo si se niega la confianza a dos gabinetes, y el actual Congreso ya había obligado en 2017 a la renuncia en pleno de un consejo de ministros de Pedro Pablo Kuczynski, al que su vicepresidente Vizcarra sucedió cuando dimitió, en 2018.

eal (efe, gestion.pe)

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