Amandine Roggeman se encontraba de vacaciones en Grecia, en agosto de 2019, cuando recibió un SMS diciendo que había sido elegida para participar en la Convención Ciudadana por el Clima, prevista en Francia. El mensaje le preguntaba si estaba interesada.

Esta joven de 27 años, que trabaja en el sector cultural de París, hasta entonces había oído hablar vagamente del experimento de democracia directa en Francia.

"Al principio pensé que el mensaje de texto era una broma”, recuerda Roggeman. "Pero el tema del clima me interesa mucho. Me sentí privilegiada por haber sido elegida entre toda la población. Sobre todo, tenía curiosidad”.

Roggemann aceptó el reto. Ella y otros 149 ciudadanos franceses, seleccionados al azar, han redactado recomendaciones de gran alcance en los sectores del transporte, el comercio y la industria para un proyecto de ley sobre el clima que pretende reducir las emisiones del país en un 40 por ciento.

Sin embargo, antes de que el proyecto de ley haya llegado al Parlamento para su debate, Roggeman y otros miembros de la convención se sienten desconcertados. El presidente, Emmanuel Macron, había prometido someter las propuestas "no filtradas” de la convención al Parlamento o a un referéndum. En su lugar, el Parlamento va a debatir un proyecto de ley sobre el clima, que no contiene ni la mitad de las propuestas de la convención.

"El gobierno quería que aportáramos soluciones, pero luego se ha limitado a elegir lo que le conviene”, lamenta William Aucant, un arquitecto y urbanista de 34 años de Nantes, que también participó en la convención.

"Esto es amargo, y estoy bastante decepcionado”, añade. 

Participación ciudadana

Macron ideó la Convención Ciudadana por el Clima tras las protestas de los chalecos amarillos en 2018. El movimiento se inició como una revuelta contra un nuevo impuesto a los combustibles y se transformó en una protesta general contra las desigualdades sociales y económicas del país.

Como resultado, el presidente inició un "Gran Debate" en 2019 en forma de consultas públicas para dar voz a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Ese fue un intento de desactivar las airadas, y a veces violentas, protestas.

"La Convención Ciudadana por el Clima no habría tenido lugar sin la crisis de los chalecos amarillos, que fue también una crisis de confianza en los líderes políticos”, afirma Quentin Sauzay, del grupo Democratie Ouverte, que ayudó a organizar la convención. "Un país altamente centralizado y presidencialista como Francia, donde el sistema de gobierno es tan vertical a nivel nacional, nunca habría adoptado una herramienta como una asamblea ciudadana”.  

Curso intensivo de protección del clima

Como parte del proceso, 150 ciudadanos de todo el país (entre ellos, estudiantes, agricultores, profesores, jubilados del ferrocarril, profesionales y desempleados), así como residentes de los territorios franceses de ultramar, como Martinica y Guayana, se encargaron de establecer la agenda climática del país.  

En primer lugar, pasaron siete largos fines de semana escuchando las sesiones informativas de expertos de diversos institutos en los ámbitos del clima, la agricultura y el comercio. También examinaron cuestiones como la regulación y la financiación, y conocieron las principales fuentes de emisiones del país. Se reunieron con legisladores, ecologistas y líderes de la industria, y deliberaron sobre temas como la vivienda, el transporte, la moda rápida, los plásticos y los alimentos.

"Fue un proceso impresionante, también para comprender la urgencia de la crisis climática. Al principio, nos sentíamos intimidados porque no éramos expertos”, explica Roggeman. "Pero obtuvimos mucha información sorprendente”.

En junio de 2020, los participantes en la convención dieron a conocer sus 149 propuestas, entre las que se incluyen la introducción del ecocidio como delito, la reducción del IVA en los billetes de tren, la prohibición de la publicidad de productos perjudiciales para el medioambiente, así como la prohibición de los vuelos nacionales para aquellas rutas que puedan cubrirse en menos de cuatro horas en tren.  

Consenso roto

Macron aceptó todas sus propuestas menos tres: un límite de velocidad de 110 kilómetros por hora en las autopistas, un impuesto ecológico del cuatro por ciento sobre los dividendos de las empresas y la introducción de la protección del medioambiente como objetivo principal en el preámbulo de la Constitución francesa. En su lugar, dijo que apoyaría un referéndum para incluir los objetivos climáticos en la constitución francesa. 

Pero en diciembre de 2020 surgieron nuevas divisiones entre el gobierno y la convención. En una entrevista en los medios de comunicación franceses, Macron, que se enfrenta a unas elecciones en 2022, se quejó de que algunos miembros habían ido demasiado lejos y se habían excedido en su función consultiva.

El presidente dijo que respetaba el trabajo de la convención ciudadana, pero "no se puede decir que porque 150 ciudadanos hayan escrito algo, sea la Biblia o el Corán”.

Un proyecto de ley diluido no cumple los objetivos climáticos

El director de cine y ecologista Cyril Dion, que había sido designado para supervisar la convención, pidió a Macron que cumpliera su palabra. También lanzó una petición para "salvar la Convención” que ha conseguido más de 500.000 firmas.

Tras varios retrasos y desacuerdos, el gobierno publicó finalmente su propuesta de ley de protección del clima a principios de este año. Incluye alrededor del 40 por ciento de las propuestas de los ciudadanos, y se espera que se debata en el Parlamento en marzo.

Los grupos ecologistas afirman que el proyecto de ley hace poco por alcanzar los objetivos climáticos, diluyendo en cambio las propuestas ciudadanas en sectores como el transporte, el uso del automóvil y la renovación de edificios, que son algunos de los más contaminantes, y clave para que Francia cumpla sus compromisos en el marco del Acuerdo Climático de París. 

"La convención ciudadana tenía el claro mandato de trabajar en propuestas que permitieran a la política francesa alcanzar una reducción del 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990”, explica Meike Fink, de Red de Acción por el Clima (CAN, pos sus siglas en inglés). La ONG fue una de las que informó a la convención sobre la ciencia del clima. Recientemente, la Unión Europea ha elevado su objetivo al 55 por ciento. 

"No podremos cumplir ninguno de esos objetivos con las propuestas que tenemos sobre la mesa y las medidas políticas que ya están en marcha”, añade Fink.

Tanto ella como Sauzay acusan al Gobierno de ceder ante los grupos de presión de la industria, sobre todo, en materia de transporte y saneamiento de edificios.

Según Sauzay, una propuesta que preveía un impuesto sobre los vehículos con altas emisiones fue desechada tras las quejas de los fabricantes franceses. "Este es un ejemplo concreto en el que los grupos de presión han ganado la batalla”, lamenta. "Pero todavía se debatirá en el Parlamento, así que aún no ha terminado”, añade. La restricción de los vuelos nacionales también ha sido suavizada por el gobierno. Ahora solo se prohíben para los trayectos a los que se puede llegar en menos de dos horas y media en tren.

¿Un modelo que ha llegado para quedarse?

Sin embargo, a pesar de la decepción, Francia no está dispuesta a dejar de lado la democracia participativa como un experimento fallido.

El gobierno ha anunciado recientemente la creación de un panel de ciudadanos franceses, seleccionados al azar, para acompañar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Francia. A nivel local, las ciudades de Marsella, Nancy y Poitiers están probando herramientas para dar voz a los residentes en todos los ámbitos, desde la evaluación del impacto de la pandemia de coronavirus hasta la revitalización de los centros urbanos en dificultades.

Aunque solo sea por eso, la experiencia ha cambiado a algunos de los participantes en la convención. Aucant se ha inscrito como candidato independiente en una lista ciudadana para pedir más sostenibilidad en las elecciones regionales de la ciudad occidental de Nantes, en la próxima primavera boreal.

"Antes no me interesaba la política. Estaba bastante desilusionado, pero conocer el problema de la cuestión climática me ha hecho cambiar de opinión”, dice Aucant. "Es un tema muy importante y tiene que ser prioritario en la agenda pública. Como ciudadano, quiero participar en la realización de un cambio en mi región”.

(ar/cp)