Según el juez instructor Eloy Velasco, el gobierno venezolano amparó una alianza entre organizaciones armadas, que supuestamente buscaban atentar contra responsables políticos colombianos a su paso por España, entre ellos el presidente, Álvaro Uribe, y su predecesor, Andrés Pastrana.

Un auto de procesamiento resume el contenido de documentación tradicional e informática incautada a dirigentes etarras detenidos, desde 1993 hasta el presente. Los documentos dan cuenta de reuniones y pruebas conjuntas con armas y explosivos en la selva colombiano-venezolana, entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y ETA.

Tanto las FARC, como la organización separatista vasca han sido declaradas “organizaciones terroristas” por la Unión Europea e incluidas como tal en el listado anexado a la Posición Común Europea (2004). Sus relaciones de cooperación son conocidas desde inicios de la década de los '90 tanto en Colombia como en Venezuela, aseguró a Deutsche Welle Andrés Otálvaro, investigador colombiano del Instituto de Historia Ibérica y Latinoamericana de la Universidad de Colonia.

El (ex) etarra Arturo Cubillas

El juez, Eloy Velasco, abrió un proceso contra seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC. Los procesados de ETA se hallarían actualmente en territorio venezolano y cubano, a los que habrían arribado tras los procesos de desmovilización etarra de finales de los '80, sin dejar realmente de coordinar actividades militares de la organización, según la Audiencia Nacional.

La acusación contra el Gobierno venezolano se fundamenta en la implicación del ciudadano Arturo Cubillas Fontán, alto funcionario en el gobierno de Chávez. Cubillas, casado en 1990 con la ciudadana venezolana Goizeder Adriozola (con cargos públicos en el gobierno desde la asunción de Chávez en 1999), fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela en 2005. Se le acusa de ser “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999”, además de encargado de las relaciones con las FARC.

Algunas actividades militares de cooperación entre ETA y las FARC, coordinadas por Cubillas, habrían ocurrido “con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo de escolta con militares venezolanos”, afirma la instrucción del juez Velasco.

El juez también ordenó la detención internacional de los implicados que están en libertad e indicó remitir una copia del auto procesal a los ministerios españoles del Interior y de Exteriores, para que realicen las gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y venezolanas, en función de la extradición de algunos de los procesados.

Reacciones en España

La secretaria general del oposicionista Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha presionado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a “plantearse seriamente romper relaciones” con Caracas, si se confirma que el Gobierno de Hugo Chávez apoyó a ETA.

También los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ECR), con cuyo apoyo contó Zapatero en su primera legislatura, abogaron por modificar las relaciones con el país sudamericano si Venezuela no ofrece una explicación “convincente” a las acusaciones.

Entretanto, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, ha afirmado este miércoles en Bruselas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará "hasta el final" la presunta alianza entre ETA y las FARC colombianas.

Sin embargo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha evitado manifestarse sobre las posibilidades de una nueva crisis diplomática con Venezuela, que podría ser peor que la surgida tras la célebre disputa verbal entre el Rey Juan Carlos y Chávez en la Cumbre Iberoamericana de Chile en 2007 cuando Juan Carlos le gritó a Chávez ¿Por qué no te callas?

Tras una conversación telefónica con Chávez, el jefe de la diplomacia española ha afirmado que el mandatario venezolano tiene la voluntad de cooperar “plenamente” en el esclarecimiento de la presunta relación entre las FARC y el grupo armado ETA. Moratinos enfatizó que España aguarda las informaciones que aporte el gobierno de Venezuela: “cuando tengamos todos los datos, lógicamente el gobierno español reaccionará", dijo.

Reacción venezolana

El Gobierno venezolano, por su parte ha rechazado y calificado de “inaceptable” la acusación de la Audiencia Nacional española. En un comunicado emitido por la Cancillería calificó los señalamientos del auto de procesamiento del juez Velasco como “de naturaleza y motivación política” contra el gobierno sudamericano.

El comunicado venezolano recordó que Cubillas se encuentra en Venezuela "a petición del Estado español" y en los marcos de un acuerdo firmado en 1989 entre los entonces presidentes de ambos países Carlos Andrés Pérez y Felipe González.

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, como el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, pusieron en duda la validez de los archivos sobre los que el juez Velasco basa su acusación. Estos fueron extraídos del ordenador del dirigente de las FARC Raúl Reyes, “incautado” en marzo de 2008 tras un bombardeo colombiano al campamento del grupo armado en territorio ecuatoriano.

Reacciones colombianas

Por su parte el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, ha exigido a Chávez ofrecer una respuesta "clara, directa y concisa" sobre su presunto amparo de relaciones entre las FARC y ETA.

El actual ejecutivo colombiano ha dicho que permanecerá atento a la investigación de la Audiencia Nacional de España. El canciller Jaime Bermúdez anunció este que “también a través de nuestra embajada (en España), hemos pedido, si es posible, tener la información precisa del caso para conocer en detalle de que se trata".

Las acusaciones de la Audiencia Nacional de España se producen en momentos en que las relaciones entre Caracas y Bogotá atraviesan una crisis política que ha afectado las relaciones comerciales entre ambos países, luego de una disputa por la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia (que Venezuela considera atentan contra su seguridad nacional).

Crisis colombo-venezolana

“Las relaciones entre Colombia y Venezuela en los últimos 15 años han tenido un movimiento pendular, entre esfuerzos cooperativos y períodos conflictivos”, señaló Otálvaro. Entre estos conflictos estuvieron las acusaciones del Gobierno colombiano al venezolano sobre una supuesta vinculación de Chávez con las FARC, cuando Colombia capturó al guerrillero Rodrigo Granda, en territorio venezolano en 2004.

En la escalada se ubica igualmente la posterior captura de 70 paramilitares en las afueras de Caracas, acusados de planear un intento de golpe de Estado y magnicidio contra Hugo Chávez. O la acusación del Gobierno colombiano contra el venezolano en 2008, de que Chávez habría facilitado lanzacohetes a las FARC.

Sin embargo, con la intervención de un "grupo de países amigos", los cancilleres de Colombia y Venezuela se preparan para iniciar conversaciones sobre la posibilidad de retomar relaciones diplomáticas. El grupo, conformado por los gobiernos de Lionel República Dominicana, México y Brasil, surgió luego de la última disputa entre Chávez y Uribe en la Cumbre del Grupo de Río en Cancún, el pasado febrero.

Autora: Rosa Muñoz Lima

Editor: José Ospina-Valencia