A pesar de la conmoción que causó a nivel internacional el asesinato de la líder hondureña Berta Cáceres por oponerse por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el panorama para los defensores medioambientales en la región no ha mejorado, sino que, al contrario, ha empeorado. Las cifras lo corroboran. Cada año mueren más de 200 defensores medioambientales en América Latina. Para poner freno a esta continua sangría, la región aprobó en marzo de 2018 el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

Se trata del primer tratado internacional para prevenir y sancionar las amenazas y violencias contra los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Entre los propulsores de esta iniciativa se encuentran Costa Rica y Chile, país que ostenta la presidencia de la COP25 donde el Acuerdo de Escazú ha protagonizado un par de eventos paralelos al margen de las negociaciones climáticas. El último de ellos, celebrado este jueves (12.12.2019) debía contar con la intervención del ministro de Medio Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, que el día anterior firmó la adhesión de Colombia al tratado internacional. 

Esta última adhesión ha hecho que la mirada se vuelva hacia Chile, cuya firma sigue pendiente. No obstante, la sociedad chilena, que ha estado presionando durante toda la COP25 para que esta adhesión se lleve a cabo, está a la espera de un anuncio de aquí al cierre de la cumbre, que se postergó hasta el sábado (14.12.2019). 

“Los que defienden el agua y la tierra en Chile son perseguidos y asesinados por el estado y las empresas transnacionales y extractivistas que se encuentran en nuestro territorio”, dijo a DW Sebastián Benfeld, portavoz de ‘Viernes por el Futuro’ de Chile. Se trata de “un fenómeno que lleva décadas y ya no puede continuar”, agregó, destacando los beneficios del tratado internacional que otorga “más poder a la ciudadanía y proteger a quien va a defender los recursos naturales”.

Colombia, da un paso adelante

Respecto a la firma de Colombia, “no había excusa para no hacerlo”, declaró a DW Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La adhesión del gobierno de Iván Duque es un “mensaje que evidencia que se puede escuchar a la gente”, apuntó, recordando que ésta era de una de las demandas de la sociedad colombiana que desde hace semanas se manifiesta en las calles. 

Puentes recordó que Colombia es uno de los países más mortales para los defensores medioambientales en la región y “sin voluntad política no hay manera de protegerlos”. No obstante, también reconoció que “hay que exigir obligaciones a los actores no estatales”, apuntando a las empresas, ya que la sola firma del acuerdo “no va a proteger a nadie”. “Tenemos un nivel de impunidad brutal, es una de las armas más grandes contra los defensores”, subrayó, exigiendo medidas al respecto. “Tiene que haber investigación y justicia, si no va a seguir pasando”, aseguró. 

Por este motivo, consideró que el tratado internacional es “un paso adelante y una herramienta, pero no una solución”. No obstante, los elementos que el ‘Acuerdo de Escazú’ contempla en términos de transparencia, información y participación son “esenciales para la acción climática”. 

Puentes confió que la iniciativa colombiana motive a otros países de la región a unirse a la misma, poniendo como ejemplo a Chile y México. En este punto, José Luis Samaniego, Director de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aclaró a DW que México ya está en el proceso de ratificar el acuerdo, al igual que Costa Rica, Panamá y Argentina.

Entrada en vigor en 2020 

Hay que recordar que para que el tratado internacional entre en vigor, se necesita la ratificación de 11 países firmantes. Si bien 22 de los 33 países de la región firmaron el pacto, tan solo cinco, entre los que se encuentran Bolivia y Uruguay, han llevado a cabo la ratificación. “La idea es que los 22 lo ratifiquen”, dijo Samaniego a DW, adelantando que se prevé que el acuerdo regional entre en vigor el próximo año. 

CEPAL será la encargada de supervisar el cumplimiento del mismo. “Hay un comité de vigilancia para ver cómo se está cumpliendo”, de manera que se creará “un efecto de transparencia”. No obstante, éste será sin carácter punitivo, ya que el acuerdo se basa sobre un “espíritu de cooperación entre los países; no es un castigo, te ayuda a ser mejor”, aclaró Samaniego.

Por este motivo, y teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas existentes en Colombia, así como “la deforestación e industrias muy fuertes”, el directivo de la CEPAL congratuló al gobierno de Duque por unirse a la iniciativa. Y es que el acuerdo regional “tenía mucha oposición”, por lo que la nueva postura “es un giro muy grande”. ¿Lo logrará también la sociedad civil chilena? (dz)

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