La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó el jueves (18.6.2015) mediante votación dividida (3-2) un amparo interpuesto a favor del presidente de ese país, Otto Pérez. La resolución frena un proceso al que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había dado trámite y trasladado al Congreso, que a su vez ya había integrado una Comisión Pesquisidora de cuyo informe dependería si se le retiraba la inmunidad al mandatario en el pleno legislativo (integrado por 158 diputados y dominado por la oposición).

Martín Guzmán, secretario de la Corte de Constitucionalidad (CC), expuso en rueda de prensa que tres de los cinco magistrados aceptaron provisionalmente el amparo presentado la semana pasada a favor del mandatario por la abogada Karen Fischer, quien actuó a título personal. Guzmán explicó que tres de los cinco magistrados consideraron que la CSJ cometió "errores en el procedimiento" de validar el antejuicio y que el proceso se basa en actos delictivos atribuidos a "terceras personas" y no al gobernante.

48 horas para apelar

El tribunal concedió 48 horas a las partes involucradas en la causa y a terceras personas interesadas para aceptar o apelar la decisión, indicó Guzmán. Fischer, quien alega el derecho de defender la Constitución, indicó que promovió el amparo a favor de Pérez, como lo haría por cualquier otra persona ante el procedimiento según ella "anómalo" de la CSJ al dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada por el diputado indígena Amílcar Pop.

Helen Mack, activista humanitaria y coordinadora de la Comisión para la Modernización del Sector Justicia deploró el amparo otorgado por la CC y responsabilizó a los tres magistrados que votaron a favor. Mack explicó a la dpa que el amparo es un recurso legal utilizado para proteger "derechos individuales, personales". En este caso, Fischer no tiene legitimidad para actuar porque no es ella la persona afectada.

Crisis política por corrupción

Pérez enfrenta desde abril una crisis política a raíz de escándalos de corrupción en las aduanas y el Seguro Social, que provocaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo. Los escándalos surgieron por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la ONU.

Desde abril, masivas manifestaciones se registraron en la capital y otros centros urbanos del país, en rechazo a la clase política y la corrupción y pidiendo la renuncia, primero de Baldetti, y luego de Pérez. Pérez ha descartado renunciar y proclamado su decisión de concluirsu periodo constitucional de gobierno el 14 de enero de 2016.

CP (dpa, efe)