"Tras un análisis preliminar de la información disponible, el fiscal ha llegado a la conclusión de que es necesaria una investigación". Así lo indicó el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

El siguiente paso, en el marco del procedimiento judicial habitual en la CPI, será que la fiscalía presente el caso (con pruebas documentales y testimonios) que sustenten formalmente la acusación. Una vez analizado ese material, que podría consistir, entre otros documentos de cargo, por ejemplo en fotografías, vídeos y testimonios de supervivientes de acciones de represión por parte de las fuerzas de Gadafi, los jueces deben redactar un acta de acusación contra el dictador libio y, a la postre, solicitar la emisión de un mandato internacional de detención en su contra.

Por el momento, Moreno Ocampo dijo que no puede afirmar con certeza cuándo se producirá la emisión del acta de acusación y la eventual posterior orden internacional de detención contra el hombre fuerte libio, porque el proceso está en la fase de recabar pruebas testimoniales y documentales contra el dictador.

Complicaciones para la CPI

Una de las circunstancias que complican el panorama es que el estatuto de la CPI, establecida por el Tratado de Roma en 1998, es reconocido por 114 países del sistema de Naciones Unidas, pero no por seis de ellos, entre otros Estados Unidos, China e Israel. Debido a ello, si la CPI pidiera una orden de detención internacional contra Gadafi y si éste hubiera decidido para ese momento escapar de su país y buscar refugio en alguno de los países no firmantes del acta de fundación del Tribunal, su extradición y posible juicio en La Haya serían literalmente imposibles.

Desde hace días se especulaba con que la CPI iniciaría investigaciones contra el dictador libio debido a la cruenta represión de las protestas. El objeto de la investigación es "presentar un panorama de los presuntos crímenes (contra la humanidad) cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011". No está excluido que las investigaciones de La Haya se extiendan a posibles crímenes desde que Gadafi asumió el poder en 1969 tras un golpe militar.

La apertura de la investigación fue posible una vez que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado domingo en Nueva York una resolución que facultaba a la CPI, dependiente de la ONU, para ello. A lo anterior se suma a la decisión adoptada este martes por la Asamblea General de la ONU, que decidió por consenso la suspensión de Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, por haber cometido "violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos". (dpa)

Editora: Emilia Rojas