La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este lunes (05.10.2015) que se obligue a Bank of New York Mellon Corp entregar a acreedores de deuda argentina incumplida 539 millones de dólares, que el país depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos que sí participaron en una reestructuración de deuda soberana. De esta forma, la instancia judicial mantuvo su decisión de 2014.

Esta señalaba que los acreedores de Argentina no tienen derecho a apropiarse de esos fondos. “A lo sumo, la transferencia de la República (Argentina) manifiesta una preferencia entre acreedores”, dijo el panel de tres jueces. “Pero según la ley de Nueva York, preferir un acreedor a otro no es en la práctica ni tiende a ser fraudulento”. El abogado de la mayoría de los acreedores, Anthony Constantini, adelantó que pedirá una nueva audiencia.

Uno de los abogados de Argentina, Carmine Boccuzzi, dijo, por su parte, que la corte “reconoció correctamente que hay fondos para los bonistas reestructurados a los que los holdouts (acreedores no reestructurados, conocidos también como ‘fondos buitres') no tienen derecho”. La decisión supone una importante victoria para el país sudamericano en el litigio que mantiene hace años con los fondos buitres, liderados por NML Capital.

Deuda millonaria

El juez de distrito Thomas Griesa ha impedido que Argentina realice pagos a acreedores que participaron en canjes de deuda en 2005 y 2010, tras la cesación de pagos del país en 2002 por 100.000 millones de dólares. El magistrado exige que primero se pague a los acreedores que no quisieron participar en los canjes. Desde esa fecha, el banco mantiene esos fondos congelados.

En junio de 2014, Argentina depositó 539 millones de dólares en la cuenta del Banco Central de la República Argentina en el BNY Mellon, destinados a pagos a los acreedores reestructurados, pero el juez Griesa ordenó al prestamista que retuviera el dinero, porque dijo que el movimiento violaba sus decisiones previas. El monto total de la deuda actual asciende a unos 20.000 millones de dólares, según los cálculos del Gobierno argentino, que insiste en que solo pagará a los fondos demandantes en condiciones equitativas respecto al resto de acreedores.

DZC (Reuters, EFE)