La comunidad internacional reaccionó indignada cuando el otrora empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, Edward Snowden, reveló la existencia de PRISM, un programa de espionaje global de cuya vigilancia no quedaron exentos ni los aliados de Washington. Y la vehemencia con que las autoridades estadounidenses defienden la legalidad de actividades de inteligencia que violan la soberanía de otros países sólo le echa más leña al fuego.

El tribunal secreto que supervisa las prácticas de los servicios de inteligencia estadounidenses acaba de aprobar la solicitud hecha por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) para continuar sus programas de espionaje telefónico. La vigilancia de llamadas es sólo una de las dos formas de recolección de inteligencia descritas por Snowden cuando filtró información a la prensa sobre PRISM. La corte en cuestión es conocida como el Tribunal de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978.

ODNI publicó un comunicado anunciando que su autorización para practicar el espionaje telefónico debía expirar este viernes (19.7.2013) y que su disposición a hablar abiertamente sobre la continuación de su programa de vigilancia respondía al empeño de esta entidad en que hubiera más transparencia en la materia. Robert Litt, uno de los abogados de mayor rango de la comunidad de inteligencia estadounidense, defendió la legalidad del programa de espionaje global PRISM, alegando que éste permitió prevenir atentados.

Litt sostuvo que la acumulación de datos tomados de llamadas telefónicas y correos electrónicos –la otra fuente de inteligencia revelada por Snowden– permitió conseguir información sobre 54 planes de atentados terroristas, 41 de ellos fuera de Estados Unidos y, de éstos, 25 en Europa. Pero estos argumentos siguen sin convencer a quienes perciben las operaciones de espionaje estadounidenses como actos completamente ilegales y gestos intolerables de arrogancia. Litt enfatizó que PRISM opera en función de la ley estadounidense.

Durante una charla realizada este 19 de julio en la sede del think tank Brookings Institution de Washintgon, Litt, que es asesor general de la ODNI, destacó que Estados Unidos mantiene acuerdos para compartir su información de inteligencia con sus aliados. Litt agregó que se sentía optimista de cara a los planes de la comunidad de inteligencia de desclasificar más información sobre PRISM. “Uno de los obstáculos para una desclasificación previa era que la existencia del programa era información clasificada”, dijo Litt.

ERC ( dpa / Reuters )