La CorteIDH comenzó este miércoles (10.03.2021) una audiencia de dos días en la que -por primera vez- aborda el tema de la criminalización del aborto, específicamente el caso de Manuela, una mujer que sufrió un parto extrahospitalario y que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado por aborto en El Salvador.

La demanda responsabiliza al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos: a no ser privada de libertad arbitrariamente; a la presunción de inocencia; a la protección judicial; al de defensa; al de recurrir el fallo; al de la Salud; al de la vida privada; al de la vida, al principio de igualdad y al de no discriminación.

El obstetra especialista en embarazos de alto riesgo Guillermo Ortiz -en calidad de perito propuesto por la representación de la víctima- afirmó en la audiencia ante la CorteIDH que, según la historia clínica del caso, Manuela presentaba un embarazo de "alto riesgo" y que sufrió "un parto extrahospitalario intempestivo" el 28 de febrero de 2008. Ortiz dijo que, al llegar al hospital, la mujer padecía una hemorragia postparto ocasionada por placenta retenida, un desgarro del canal del parto y una preeclampsia o hipertensión causada por el embarazo.

Además, Manuela padecía un cáncer linfático detectado un año atrás que volvía su embarazo aún de más riesgo. El médico aseguró que la mujer recibió una atención médica "deficiente" y enfatizó en que -desde un principio- los equipos de Salud abordaron la situación como un aborto cuando había factores que eran incompatibles con ese término, como por ejemplo la preeclampsia.

Según el doctor, una reforma al Código Penal de El Salvador aprobada en 1998 penalizó el aborto y obligó a los equipos médico a denunciar ante las autoridades judiciales casos sospechosos de aborto e incluso a interrogar a las pacientes sobre asuntos que se separan del tema sanitario. Esto, explicó Ortiz, viola el secreto profesional y genera en profesionales de la Salud una presión por denunciar. Asimismo, a las mujeres les creó un temor de acudir a los centros sanitarios en casos de emergencias obstétricas, pues podían ser acusadas de aborto y esposadas a la cama del hospital.

La representación de la víctima asegura que Manuela vivía en situación de pobreza en una zona rural donde, en febrero de 2008, sufrió una caída mientras lavaba ropa en un río. Al día siguiente, la mujer comenzó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal, expulsó el feto y se desmayó. Manuela fue detenida "en flagrancia" mientras recibía atención médica, fue condenada a 30 años de prisión en agosto de 2008 y en abril de 2010, a los 33 años de edad, murió a raíz del cáncer que padecía y que -según la demanda- tampoco fue tratado adecuadamente.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.

En la audiencia también rindió declaración la perita Laura Clérico, quien fue propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el ente encargado de elevar las demandas anta la CorteIDH. Clérico declaró que "este no es un caso aislado. Da cuenta de los problemas estructurales en la historia de Manuela y de otras personas en situaciones similares. Manuela no pudo acceder a la educación básica, no sabía leer ni escribir, no tenía acceso a la salud sexual integral ni a los métodos anticonceptivos modernos, y no tuvo acceso a atención de salud de calidad". La experta aseguró que Manuela fue criminalizada desde que llegó al hospital cuando fue interrogada por el personal médico sobre aspectos personales de su vida y bajo una serie de estereotipos de género que "son la base de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador".

"La criminalización afecta en forma desproporcionada a mujeres como Manuela. Hay un perfil de mujer que está siendo criminalizada: mujeres jóvenes, pobres y que viven en la ruralidad", aseveró Clérico. La experta señaló que la información que Manuela brindó en confianza fue utilizada en su contra para el proceso penal y que la defensa pública que atendió el caso "invisibilizó" a la mujer. La audiencia concluirá el 11 de marzo de 2021 con los alegatos finales de las partes.

ama (efe, el país, el diario de hoy)