El Congreso de Costa Rica aprobó este viernes (05.10.2018) en la primera de dos votaciones una polémica reforma tributaria que busca paliar el déficit y en contra de la cual los sindicatos cumplieron este viernes 26 días de huelga indefinida.

La reforma tributaria, con la que el Gobierno de Carlos Alvarado busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), fue aprobada en una votación de 35 a favor y 22 en contra, con los 57 diputados presentes en el Congreso.

Los sindicatos creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales. Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6,2% del PIB y para el 2018 se ha proyectado en al menos el 7,1%.

La reforma contó con el apoyo de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (centroizquierda), así como con la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata). Se opusieron al plan el conservador evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), el Partido Integración Nacional, el Partido Frente Amplio y el Partido Republicano Socialcristiano, así como una diputada que rompió la línea del PLN y otra del PUSC.

Los diputados acordaron enviar la reforma fiscal a consultas de diversas instituciones antes de que se lleve a cabo la segunda y definitiva votación. Los legisladores posiblemente decidan también en los próximos días enviar el texto a la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si se realiza el segundo debate.

Las claves de la reforma

Según el Gobierno, un 8% de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20% de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos. También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

El Gobierno asegura que en ingresos tributarios frescos la reforma recaudará cerca del 1,2% del PIB y que de esos ingresos nuevos el 57% provendrá de impuestos sobre la renta y el 43% del IVA.

EAL (efe, La Nación)

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