El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles (30.11.2022) una serie de cambios a los reglamentos migratorios con el fin de evitar lo que considera "abusos" en las solicitudes de refugio por parte de personas que no reúnen las características para optar por ese estatus.

"Estamos cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad necesitan protección", declaró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.

Chaves firmó un decreto que reforma el Reglamento de Refugio y que establece que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio.

A las personas migrantes solicitantes de refugio que ya cuentan con permiso de trabajo, se les renovará ese permiso solamente si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Otro cambio es que toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día del ingreso de la persona a Costa Rica y que, si el solicitante sale del país, las autoridades darán por terminado el proceso.

Según los datos del Gobierno, Costa Rica -país de 5,1 millones de habitantes- ha recibido 222.056 solicitudes de refugio en los últimos 4 años, la mayoría de personas nicaragüenses que han salido de su país durante la crisis política y social, pero también hay numerosos solicitantes de Venezuela y en menos medida de Cuba. De estas solicitudes, hay 172.689 pendientes de resolver.

Chaves dijo que cerca del 90 % de las solicitudes que resuelve la Dirección General de Migración no reúnen las características para otorgar el estatus de refugiado.

"Somos un país que ha acogido tradicionalmente a las personas que buscan refugio y protección, ya que su integridad está comprometida en su país de origen. Eso no va a cambiar. A quien tenga la condición de refugio, es decir, un temor legítimo de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, preferencia sexual, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas, Costa Rica mantendrá los brazos abiertos a los refugiados legítimos", expresó Chaves.

Según el presidente, "a veces la gente abusa de la generosidad" y subrayó que Costa Rica tenía "un portillo abierto" con el que "migrantes económicos se hacían pasar por personas que merecen refugio para poder trabajar en el país". El mandatario aseguró que Costa Rica "ama los derechos humanos" y que con las decisiones anunciadas "no se están cerrando las puertas a la población extranjera".

El mandatario dijo que Costa Rica gasta "300 millones de dólares al año en atender esta gente que se hace llamar refugiado". Chaves afirmó que su país "debe cerrar los portillos para proteger a quienes merecen el refugio" e hizo de nuevo un llamado a la comunidad internacional para que "asuma la responsabilidad compartida de los procesos migratorios en América Latina".

El presidente firmó otro decreto acerca de la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo del 2023 y que dará un plazo a las personas de estas nacionalidades que no califican como refugiados, o que tienen mucho tiempo en el país, para que regularicen su estatus migratorio en Costa Rica.

ama (efe, pl)