Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, dijo por cadena nacional de TV que su Gobierno "enfrenta dificultades de liquidez para pagar obligaciones y garantizar servicios" y anunció una mayor austeridad en su gestión. Solís habló de riesgos para el país, "a pesar de un crecimiento del producto". La situación es seria y una salida a corto plazo no se ve, más teniendo en cuenta que las próximas elecciones nacionales son en febrero próximo, lo que supone demasiado poco tiempo para el Gobierno saliente y una pesada herencia para el próximo.

El país experimentó un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años. ¿Cómo se llegó, entonces, a esa situación? Arce dice: "El tema fiscal ha sido recurrente en Costa Rica. Esta situación actual se origina en los años 2008/2009 y es consecuencia de algunas decisiones que se adoptaron en medio de la recesión financiera internacional, que supusieron un aumento fuerte del gasto público que no pudo reducirse posteriormente debido a factores institucionales".

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El aumento del gasto público tuvo fines supuestamente contracíclicos, "pero se cometió el error de aumentarlo en rubros que luego no podían reducirse", resalta el analista. Y agrega: "El país quedó en una situación de gasto corriente muy superior a sus posibilidades y que no se puede corregir desde hace prácticamente diez años. Eso, a su vez, generó un aumento importante de la deuda pública".

Un presupuesto muy inflexible

El presidente costarricense anunció que el presupuesto del país para 2018 tendrá un crecimiento cero "en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal de aumentar". ¿Qué significará ello para la población costarricense y los servicios públicos? "Uno de los grandes problemas de la finanzas públicas costarricense es que, en virtud de leyes y factores institucionales, muchos crecimientos de componentes del aumento del gasto público están automáticamente definidos. El presupuesto es muy inflexible", dice Arce.

El porcentaje que puede reducirse es, efectivamente, de menos del 15 por ciento. Por eso, el analista cree que "en el corto plazo, aunque es un movimiento en la dirección correcta, el impacto de las decisiones que anunció el presidente no va a ser fuerte, porque muchas de las transferencias, por ejemplo, a la educación superior, están definidas incluso a nivel constitucional".

En el corto plazo, no obstante, más allá de la incertidumbre, existe un cierto desasosiego. "Ello se debe al hecho de que el país ha descubierto o se ha dado cuenta de que la situación fiscal es compleja y va a tener repercusiones para la población, si bien no inmediatas en cuanto a recortes a corto plazo, pero sí en otras dimensiones, como ser, tasas de interés e inestabilidad", dice Arce.

El aumento de la deuda externa

Una de las posibilidades del Gobierno sería tomar deuda externa y emitir a cambio moneda nacional para sobrellevar esta situación. "Ese es un recurso que ya se usó en el pasado. El Gobierno parece estar preparando a la opinión pública nuevamente en ese sentido. Esa sería, efectivamente, una opción que aliviaría la presión sobre las tasas de interés domésticas y reduciría la presión de liquidez" dice Arce.

En un país "normal", el financiamiento externo es algo natural en la gestión de deuda y fiscal.  No así en Costa Rica: "El riesgo en Costa Rica es que debido a la obstrucción política que estamos experimentado ya desde hace muchos años, obtener una autorización de financiamiento externo podría convertirse en 'patear la pelota hacia adelante', es decir, demorar el ajuste. La salida con el financiamiento externo tendría sentido si simultáneamente se ajustan las finanzas públicas", subraya el analista.

"El problema es político"

La cuestión es cuán realista es que se realicen ajustes presupuestarios a corto plazo. "Esa es la gran duda. Más que un problema de no conocer la situación de las finanzas públicas o de que no haya un cierto consenso en relación con qué se debería hacer para resolverlo, de lo que padece Costa Rica es, en realidad de un problema político: grupos de interés, el Gobierno y los partidos de oposición no han tenido hasta ahora ni los incentivos ni la disposición para propiciar un ajuste", advierte Arce.

"Ya sea porque quieren diferir el ajuste en el tiempo o para que las responsabilidades del ajuste recaigan sobre otros actores. Lo que se ha hecho en los últimos diez años, incluida esta administración, es justamente eso: diferir el ajuste".

Todo indica que sería positivo que los actores políticos llegaran a un acuerdo para llevar a cabo realmente el ajuste. "Pero es de desear que un acuerdo de ese tipo no quede solo en la financiación externa, porque eso significaría hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos diez años. Y que cada vez nos acerca más a una situación realmente de insostenibilidad fiscal", concluye Arce.