Seis expresidentes de Costa Rica mostraron su apoyo al "Estado de derecho, las autoridades y la Policía”, y expresaron su repudio hacia los actos de violencia de las últimas semanas en un manifiesto dirigido este sábado (17.10.2020) a la ciudadanía.

Los presidentes Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Rafael Ángel Calderón (1990-1994), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006), Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018) dijeron que frente a la dificultades que vive el país "debemos todos apoyar nuestra democracia, la institucionalidad republicana y los derechos de toda la ciudadanía".

"Con profunda devoción patriótica expresamos nuestro apoyo incondicional a la constitucionalidad, al Estado de derecho, a las autoridades y a la Policía que actúa en ejercicio de sus competencias, a las libertades públicas de todos quienes habitamos esta bendita tierra", cita el texto.

La carta añade que: "las autoridades legítimamente establecidas deben ejercer sus competencias con efectividad y sentido de urgencia, y con vehemencia exhortamos al Gobierno de la República a asumir esa responsabilidad". Los exmandatarios también hicieron énfasis en los partidos políticos quienes "deben actuar con altura de miras", a las gremiales que "deben privilegiar el bien nacional por encima de sus intereses" y a que quienes participan de las manifestaciones lo hagan bajo el "respeto de la legalidad".

"De nuestra actitud patriótica, de nuestra defensa de la institucionalidad que con tanto esfuerzo hemos construido por ya casi 200 años, depende mantener la paz social y vencer los graves obstáculos que enfrentamos", cita el documento.

El llamado tras las violentas protestas

Costa Rica ha vivido unas semanas violentas, después de que el pasado el 30 de septiembre se iniciaran unas marchas en rechazo a las intenciones del Gobierno de buscar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta de algunos activos estatales. En medio de las protestas y ante el escaso apoyo político, el 4 de octubre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, retiró la iniciativa y dijo que abriría un proceso de diálogo nacional.

Sin embargo, las manifestaciones continuaron, pues los líderes del movimiento exigían al mandatario firmar un documento en el que se comprometiera a no acudir al FMI en lo que resta de su Gobierno, a no subir impuestos y a no vender activos. Las protestas -que cesaron desde el pasado 14 de octubre- tuvieron episodios de violencia como enfrentamientos entre manifestantes y policías, y el lanzamiento de piedras y bombas molotov a vehículos policiales que resultaron con serios daños y al menos tres se quemaron por completo.

El Gobierno interpuso el 15 de octubre una demanda penal contra los organizadores de las protestas, entre ellos el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, y el exdiputado Célimo Guido, por los presuntos delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión.

ama (efe, La Nación)