Intimidar a los otros colegas del gremio para establecer un mecanismo de censura indirecta o de autocensura y afectar el derecho de la sociedad a saber y conocer son otros de los objetivos de las agresiones y crímenes a periodistas en México.

Desde el 2000 al 2017, años de la llamada "transición a la democracia” en ese país, los crímenes contra periodistas se han incrementado de manera alarmante: la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza 123, y otras organizaciones, como Artículo 19, mencionan 103. En todos los casos, menos del 5 por ciento han sido resueltos por la Justicia. La impunidad y el velo de silencio se imponen.

En México, "catastrófica" situación para los periodistas

México: el cierre del diario Norte “es un acto de protesta”

En otras palabras, no existe una auténtica transición democrática que consolide el Estado de derecho. Por el contrario, avanzó aceleradamente el modelo del "narco-Estado” a la mexicana en áreas de impunidad tan fuertes como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, con el mayor número de periodistas asesinados, intimidados, agredidos y secuestrados.

Los crímenes a periodistas se han minimizado por las propias élites gobernantes, por las principales instituciones de procuración de justicia responsables de investigarlos y por los directivos de los propios medios de comunicación, salvo honrosas excepciones que encabezan la defensa y no la negociación de sus reporteros asesinados y amedrentados.

Los políticos reducen los crímenes a datos estadísticos

Los cuatro periodistas asesinados durante el mes de marzo: Cecilio Pineda (Guerrero), Rodolfo Monlui (Veracruz),  Miroslava Breach (Chihuahua) y Armando Arrieta (Veracruz) reflejan muy bien esta compleja situación.

La Jornada ha encabezado la denuncia del crimen de Miroslava Breach y Proceso publicó esta semana en portada un amplio expediente del caso, pero la peor indiferencia es la de otros medios grandes e influyentes de comunicación. El periódico Norte de Ciudad Juárez, donde también escribió Miroslava, hizo un dramático anuncio el 2 de abril señalando el cierre de la edición impresa ante la falta de seguridad.

Para la gran mayoría de políticos, los crímenes a periodistas se reducen a nuevos datos estadísticos y se pierden en este horroroso "paisaje” nacional de homicidios impunes, fosas clandestinas, ejecuciones extrajudiciales. El genocidio a la mexicana incluye a los propios periodistas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se indigna y sobrerreacciona a la violencia contra informadores en Venezuela, pero evade mencionar la gravedad de los crímenes de periodistas mexicanos. Ni un solo mensaje en Twitter para recordar, por ejemplo, a Miroslava Breach, una colega respetada y admirada en el gremio y entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en Chihuahua.

El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, creado por el gobierno federal hace 4 años, es una instancia burocrática con escasa capacidad para prevenir. Desde su creación, las agresiones a periodistas no han disminuido. Por el contrario, se elevaron en un 79 por ciento.

Se duplicaron los ataques en el sexenio de Peña Nieto

La organización Artículo 19 resaltó en su informe de 2015, Estado de Censura, que cada 26.7 se agrede a un periodista en el sexenio de Peña Nieto (el doble de ataques registrados durante el gobierno calderonista: 48.1 horas). La periodista Sallie Hughes y la académica Mireya Márquez publicaron un estudio titulado Worlds of Journalism donde revelan que casi la mitad de los 377 periodistas encuestados han recibido amenazas y el 42. 8 por ciento lo atribuyeron a amenazas por haber publicado notas relativas al crimen organizado.

Las historias de Cecilio Pineda y de Miroslava Breach confirman el peso de la narcopolítica en estos casos.

Cecilio Pineda denunció en La Voz de Tierra Caliente el vínculo de protección entre el legislador local priista Saúl Beltrán y el líder del grupo Los Tequileros, Raybel Jacobo.  El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo no hizo nada. Su fiscal Xavier Olea armó el caso tan mal que ahora el propio diputado local puede ampararse. Pineda falleció en condiciones tremendas. A uno de sus hijos, con discapacidad, las instancias oficiales se han negado a darle ayuda y reconocer su condición de víctima.

Miroslava Breach, asesinada a quemarropa

En Chihuahua, La Jornada ha publicado que las últimas investigaciones de Miroslava Breach eran sobre la colusión de funcionarios del exgobernador priista César Duarte con la perforación ilegal de pozos de agua, en una amplia operación de lavado de dinero en 9 municipios (La Jornada-25 marzo-2017).

Desde agosto de 2016, Miroslava recibió amenazas a raíz de un espléndido trabajo titulado: "Destierra el narco a centenares de familias en la sierra de Chihuahua”.

A César Duarte y a sus principales cómplices ni la autoridad estatal ni la federal los ha llamado para comparecer sobre éstos y otros delitos, sobre la profunda descomposición en Chihuahua y en la Sierra Tarahumara. Incluso, desde la semana pasada el ex gobernador Duarte se encuentra prófugo de la Justicia.

Pero a Miroslava Breach, la mañana del 23 de marzo, cuando iba a llevar a su hijo de 14 años a la escuela, unos sicarios  la asesinaron a quemarropa con 8 balazos para mandar el mensaje mafioso de las balas: silencio o plomo.

Jenaro Villamil Rodríguez nació en Mérida, Yucatán, el 2 de diciembre de 1969. Es periodista y escritor, especializado en política y medios de comunicación masiva. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en sus inicios como reportero y coordinador de la Unidad de Análisis Especializado en El Financiero (1989-1994). Fue editor de El Financiero Sureste (1994-1996) y participó del Grupo Oaxaca, impulsor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actualmente es reportero de la revista Proceso y profesor de Estudios de Audiencia en la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la Ciudad de México. 

Autor: Jenaro Villamil (CP)