El Senado mexicano delibera contra reloj para que la controvertida ley sea aprobada a la brevedad. Según el semanario Proceso, la resolución tendría lugar este martes 12 de diciembre: "Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron a una sesión para dictaminar la ley".

Haike Hänsel, diputada del Partido La Izquierda en el Parlamento alemán, dirigió un comunicado al Senado de la República pidiendo a los legisladores mexicanos que detengan su aprobación. La diputada alemana señala en su misiva "estar consciente sobre los problemas serios de inseguridad, delincuencia y violencia que México enfrenta últimamente, así como el daño y dolor que ha provocado el crimen organizado en el país, particularmente durante los últimos diez años". Sin embargo Hänsel recuerda que el despliegue militar no ha llevado a una reducción de la violencia, al contrario, ha llevado a más violaciones a los Derechos Humanos.

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La diputada alemana ha asumido como foco de su trabajo legislativo la observación de lo que sucede en México, y destaca que lo que el país necesita es "construir fuerzas policiales confiables, así como una capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Esa ley reduciría y desincentivaría el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales". Hänsel recuerda que diversos organismos internacionales han advertido sobre el peligro de un enfoque militarizado en la política de seguridad pública mexicana, que, como se ha visto, ha actuado en detrimento de los derechos constitucionales de la ciudadanía mexicana.

No hay evaluación oficial de los operativos militares

Por su parte la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, techo de quince organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Misereor y Pan para el Mundo, advierte en un comunidado que la nueva ley, que se prevé será aprobada medio año antes de las elecciones presidenciales en julio de 2018, es contraria a la misma Constitución mexicana (artículo 21), así como a las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La organización alemana advierte que en diez años desde la intervención de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública en el país, no ha habido una evaluación oficial de los operativos militares ni de sus resultados. Y advierte que en aquellos Estados en donde la seguridad pública es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la violencia se ha intensificado y hoy en día son los más violentos y peligrosos a nivel continental. 

Los ex relatores de la ONU Juan Méndez, ex-relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Ariel Dulitzky, ex integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, y Christof Heyns, ex relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, enviaron un comunicado conjunto en el que advierten que la intervención de las fuerzas armadas ha agravado la desaparición de personas, la tortura y malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales, es decir, esas áreas que les ha tocado monitorear en México. 

Los relatores se suman al rechazo que han manifestado las víctimas y organsmos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que han manifestado su oposición a dicha iniciativa. La violencia en México registra un incremento exponencial. Según cifras oficiales, en 2007 murieron 10.253 personas, víctimas de homicidios dolosos. En el 2011 esta cifra aumentó a 22.855. En 2017, pese a que el año no ha terminado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró la muerte de casi 24.000 personas.

Según Human Rights Watch, entre 2006 y 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por militares, más de 2.000 registradas durante el actual gobierno. Desde que México comenzó la llamada guerra contra las drogas en 2006 más de 100.000 personas han sido asesinadas y más de 30.000 han desaparecido.

México, visto como un país en guerra

El Instituto de Investigación Internacional de Conflictos de Heidelberg (HIIK), tiene registrados seis conflictos a nivel interno en México que alcanzaron una intensidad de 3 a 5 en una escala de 1 a 5. El Instituto considera que hay una guerra interna en México a partir de 2010, un conflicto entre los cárteles de la droga y otros grupos armados y fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. "Desde entonces, cada año la violencia física contra personas e infraestructura es de una dimensión masiva, con un alto número de víctimas, un fuerte despliegue militar y policial y de uso de armas", afirma Maximilian Herrmann, Jefe del Grupo de Trabajo de Las Américas.

El experto señala, sin embargo, que el HIIK considera que el conflicto que alcanza el nivel de mayor intensidad (5), es una guerra que se libra a nivel vertical. "Ahí identificamos a tres actores principales. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los cárteles de drogas y autodefensas organizadas de manera local o regional", subraya el experto. El instituto de Heidelberg ha registrado una fuerte fragmentación de los cárteles de las drogas mexicanos en los últimos años. Sin embargo, identifica como los de mayor influencia al cártel de Sinaloa, los Zetas, los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo.

"Buscan asegurar de facto el control de regiones y de rutas de tráfico de drogas, tanto mercados locales, como tráfico de personas y incluso recursos naturales como petróleo", asegura Hermann. El experto advierte que el HIIK ha registrado desde el 2005 un conflicto por la violencia entre cárteles y grupos paramilitares; "se trata de una guerra limitada que tiene lugar de modo horizontal, es decir, entre los cárteles de drogas, con un alto número de víctimas".

A la creciente violencia, la sociedad civil ha reaccionado con la creación de autodefensas. "Se sienten fuertemente afectados de múltiples maneras por la violencia y no se sienten suficientemente protegidos por el Estado".