Durante la madrugada del martes (21.03.2023), la Kneset (Parlamento israelí) incluyó en su orden del día la segunda y tercera lectura de la llamada Ley de Desconexión o de retirada de Israel de la franja de Gaza. Los legisladores israelíes decidieron dar marcha atrás en la retirada de cuatro asentamientos en el norte de Cisjordania ocupada por Israel. Tras esta modificación de la ley que aprobaba la retirada, los colonos israelíes podrían regresar a los cuatro asentamientos de Chomesh, Ganim, Kadim y Sanur, situados entre las ciudades palestinas de Naplusa y Yenín.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar: en una medida poco habitual, el gobierno de Estados Unidos convocó al embajador israelí, Michael Herzog, para entrevistarse con la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, quien expresó la "preocupación de Estados Unidos" por el cambio de ley. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se apresuró a aclarar que el "gobierno no tiene intención de establecer nuevos asentamientos en estas zonas". Pero también señaló que la decisión de la Kneset pondría fin a una "ley discriminatoria y humillante" que no ha permitido a los judíos vivir en su "patria histórica".

La derogación de parte de la Ley de Desconexión es una gran victoria para los partidarios de los asentamientos. La actual coalición religiosa ha convertido en su misión impulsar la expansión de los asentamientos y, por tanto, una posible anexión de partes de Cisjordania ocupada.

Por qué fueron abandonados los asentamientos israelíes

En 2005, el gobierno del entonces primer ministro Ariel Sharon había decidido retirarse de los asentamientos de la Franja de Gaza y de otros cuatro asentamientos del norte de Cisjordania. En aquel momento, el elevado gasto militar necesario para proteger a los colonos se consideró una razón para desalojar los asentamientos. Las preocupaciones de seguridad que Sharon tenía hace casi 20 años son hoy más válidas que nunca.

Especialmente en el norte de Cisjordania, la situación se ha deteriorado aún más en los últimos meses: casi a diario, el Ejército israelí lleva a cabo "operaciones antiterroristas" en las ciudades de Yenín y Nablús como parte de la "Operación Rompe la Ola". También ha aumentado la violencia de los colonos.

La jurisprudencia israelí frente al derecho internacional

El actual gobierno religioso de derecha liderado por Netanyahu acaba de legalizar nueve de los llamados puestos avanzados de asentamiento, considerados ilegales incluso según la legislación israelí, y ha decidido construir unas 7.000 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania.

Según el derecho internacional, los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados se consideran ilegales, pero Israel rechaza esa postura. Durante la Guerra de los Seis Días, de 1967, Israel conquistó y ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, entre otros territorios. Sin embargo, los palestinos quieren establecer su propio Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza con Jerusalén Este como capital. La construcción de asentamientos israelíes se considera un gran obstáculo para ello porque divide aún más el territorio palestino.

Implicaciones de la decisión de la Kneset

Aunque todavía no está claro si estos asentamientos volverán a estar habitados por israelíes, ahora también podrían construirse nuevos puestos avanzados de asentamiento en el norte de Cisjordania. La presencia de colonos provocaría entonces nuevos conflictos.

La votación en la Kneset se produjo pocas horas después de una cumbre de representantes israelíes y palestinos celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos y destinada a calmar la acalorada situación general. En la declaración final, Israel se comprometió a no emprender nuevas actividades de asentamiento durante los próximos cuatro meses, como una de las medidas para evitar una nueva escalada durante el mes del Ramadán.

(mn/cp)