Hace poco más de un mes, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció un giro en la aplicación de la ley para separar de sus hijos a los inmigrantes sin papeles que cruzan la frontera desde México. Desde entonces, las críticas han aumentado, igual que el número de niños que se encuentran lejos de sus progenitores.

Las denuncias de esta situación han sido reveladas en los medios de comunicación estadounidenses, e incluso la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders fue duramente cuestionada sobre la medida en su última rueda de prensa. 

"Separar a las familias como política no oficial es algo nuevo y malicioso, un acto de la obsesión del presidente Trump con los inmigrantes indocumentados”, publicó este jueves 14 de junio "The New York Times”. En un duro editorial, el rotativo llamó a los lectores a contactar a los senadores y congresistas de sus distritos en el Capitolio, a unirse a las manifestaciones que previstas en todo el país en contra de la medida, a donar dinero para pagar a abogados que representen a los niños sin papeles en las cortes migratorias y a registrarse para votar en consecuencia en las elecciones de este año.

Organizaciones de derechos civiles y de derechos humanos, el Partido Demócrata, líderes religiosos e incluso las Naciones Unidas han levantado la voz para denunciar esta actuación del Gobierno de Trump, que como admitió John Kelly, el jefe de gabinete del mandatario, se toma como medida de disuasión de la inmigración ilegal. 

Del mismo modo, en las propias filas republicanas ya comienzan a surgir cuestionamientos. "No queremos que los niños sean separados de sus padres”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que admitió no sentirse cómodo con lo que está sucediendo. Evitó, sin embargo, apuntar a la Casa Blanca y responsabilizó a un sistema migratorio que debe ser reformado.

Formalmente no ha habido un cambio de política y es en lo que se apoya la administración republicana. La ley en vigor indica que los menores hallados en la frontera deben ser tratados como menores no acompañados si sus padres son detenidos y acusados de cargos criminales. Eso significa que quedan entonces bajo custodia del Gobierno hasta que se les asigna un tutor. El cambio se ha producido en la forma de procesar a los padres sin papeles arrestados. Hasta ahora, los cargos que se les imponían eran civiles por lo general, pero la administración Trump los está procesando por cargos criminales, lo que lleva automáticamente a la separación de sus hijos. 

MN (dpa, efe)

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