Gran parte de los medios en alemán se han hecho eco esta semana de la intensificación de la migración hacia Estados Unidos con motivo del fin de la aplicación del Título 42. Dos de ellos han puesto concretamente la lupa en la situación de Guatemala.

El semanario Welt am Sonntag analiza las causas de la migración masiva hacia Estados Unidos y las consecuencias para Guatemala:

"Cuando Francisco Menéndez habla sobre sus negocios con Alemania, se le iluminan los ojos. Menéndez, guatemalteco, es el jefe de una empresa que exporta, entre otras cosas, frutas y verduras a Alemania y muchos otros países. (...)

Dice que la cooperación con los socios alemanes va bien. Como a muchos empresarios del país centroamericano, a Menéndez le gustaría ver crecer su empresa, abrir nuevos mercados y hacer avanzar a su país, pero la economía de Guatemala está luchando con un problema: la emigración. Cada año, decenas de miles de personas se dirigen al norte desde América Central. Este año, las autoridades estadounidenses ya han registrado a casi 86.000 migrantes de Guatemala. Y no son solo los pobres y las personas sin cualificación quienes  se marchan; cada vez más trabajadores cualificados abandonan el país.

Mientras que las oenegés culpan del éxodo masivo a la violencia desenfrenada, la corrupción y la represión estatal, los empresarios de Guatemala han identificado una razón muy diferente para justificar la escasez de mano de obra. Al parecer, los altos salarios por hora en los EE. UU., atraen como un imán a los trabajadores necesarios en Guatemala y, en última instancia, bloquean el desarrollo económico del país. (...).

Hasta ahora, los políticos en Guatemala han estado relativamente inactivos. Y hay una razón para ello: las remesas de los aproximadamente 1,5 millones de migrantes de origen guatemalteco que residen en Estados Unidos, que traen a las arcas del Estado unos 18.000 millones de dólares por año. Estas transferencias representan una buena quinta parte del presupuesto fiscal y, por lo tanto, se han convertido en un factor de estabilidad indispensable para la economía nacional.

Si no se hicieran estos pagos, el país colapsaría económicamente. Por lo tanto, el Gobierno no detiene a las personas pobres y no cualificadas, ya que, según los cálculos, cualquiera que logre cruzar la frontera hacia los EE. UU., con toda probabilidad, en algún momento, se unirá al grupo de quienes envían dólares a casa. Pero el hecho de que los trabajadores cualificados también estén abandonando el país en grandes cantidades, está poniendo nerviosos a los políticos y ha desencadenado discusiones sobre cómo se puede detener el fenómeno."

Creciente represión en Guatemala

El rotativo Neue Zürcher Zeitung pone el foco en el caso del empresario Ulrich Gurtner, arrestado en Guatemala tras ser acusado de lavado de dinero. Como trasfondo, el deterioro del Estado de derecho en el país.

"Es la base militar Mariscal Zavala, en el noreste de la capital. Allí se encuentra la prisión de las celebridades: políticos, capos del narcotráfico y empresarios están encerrados allí, algo que puede intuirse por los muchos todoterrenos de lujo aparcados en el estacionamiento. Al parecer, se pueden negociar las condiciones de detención de una persona. Todo es cuestión de dinero.

De hecho, el complejo apenas se parece a una prisión. (...) Un guardia de seguridad abre la puerta. Se pasa por un jardín con parrilla y tumbonas, y allí está Gurtner, sentado en una mesa, rociando vinagre balsámico en su ensalada. Pincha una hoja de lechuga y dice: "Aquí no puedes tomarte nada en serio". No solo se refiere a la prisión y sus cargos, presumiblemente por lavado de dinero. En principio, se refiere al poder judicial, así como al sistema político corrupto. 

Según un diplomático que conoce bien el país, pero no quiere ser citado, Gurtner se interpone en el camino de muchos intereses de los poderosos. De hecho, el caso Gurtner supone una lección sobre la creciente represión política en el país centroamericano. Un proceso que se ha acelerado desde 2019, con las élites económicas de Guatemala, que quieren asegurar su poder, desmantelando la democracia del país.

Gurtner, de 66 años, es un destacado empresario en Guatemala. Como director gerente, logró transformar en tres décadas la organización que agrupa a pequeños agricultores cafetaleros Fedecocagua, que pasó de ser una pequeña cooperativa hasta convertirse en el exportador de café más importante del país, con su propia producción. (...)

Gurtner ha logrado una impresionante historia de éxito con Fedecocagua. (...) Pero el 24 de marzo, todo se acabó: ese día lo arrestaron. Se han programado cuatro fechas de juicio, pero siempre han sido pospuestas. Todas las cuentas de la asociación han sido bloqueadas. (...).

Si se le pregunta a alguien en Guatemala sobre el caso Gurtner, por lo general nadie dice nada. Eso no es inusual en el país. 'Hay temor a represalias', dice Stefan Jost, de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala. Jost ha trabajado en varios países de América Latina, pero dice que nunca ha visto un lugar donde haya que tener tanto cuidado como en Guatemala. 'Los lugares públicos donde puedes expresarte libremente están disminuyendo', dice Jost.

Elisabeth Maigler, de la Fundación Friedrich Naumann en Guatemala, también observa una reducción constante de la separación de poderes. 'El poder judicial en particular está cada vez más subordinado al ejecutivo', dice Maigler. Bajo el presidente Alejandro Giammattei, dos docenas de fiscales y jueces y varios periodistas fueron obligados a exiliarse y algunos fueron arrestados.

La fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche han sido tildados de 'actores corruptos y antidemocráticos' por el Gobierno de Biden y han sido sancionados. El fiscal Curruchiche hizo arrestar al conocido periodista José Rubén Zamora el año pasado, bajo sospecha de lavado de dinero. Curruchiche también ha abierto la causa contra Gurtner. Gurtner asegura desde prisión que Curruchiche ha desenterrado viejas denuncias contra la cooperativa. (...) 

En 2006, el gobierno socialdemócrata solicitó ayuda a la ONU en la lucha contra la corrupción. Una vez desplegada, la Cicig (Comisión contra la Impunidad en Guatemala) no dejó piedra sin remover. Más de 1.500 políticos, jueces y empresarios terminaron en prisión. Entre ellos hay tres expresidentes. Uno es Otto Pérez Molina, general de reserva y presidente de 2012 a 2015, que ahora es compañero de celda de Gurtner.

Cuando la Comisión comenzó a investigar al presidente Jimmy Morales por lavado de dinero en 2019, este expulsó a la Comisión del país. 'Desde entonces, han seguido a todos los que trabajaron o apoyaron a la Cicig', dice Gurtner. Desde aquel momento, la democracia de Guatemala ha estado en caída libre." (ms/ers)