El 2011 se llevó a cabo una cumbre tras otra. Los mercados financieros exigieron continuamente primas de riesgo más elevadas para bonos estatales y las agencias de rating calificaron con creciente escepticismo la solvencia de muchos países de la eurozona.

El peor año en la historia de la moneda europea comenzó, sin embargo, con una buena noticia: Estonia, considerado un alumno ejemplar, se convirtió en el decimoséptimo país en adoptar el euro. Pero ya en febrero comenzaron a aparecer nubarrones en el horizonte. El presidente del Bundesbank, Axel Weber, anunció su dimisión. El hombre que durante largo tiempo había sido visto como un candidato con grandes posibilidades de asumir la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) no logró imponerse. Medio año más tarde renunció también el economista en jefe del organismo, Jürgen Stark, “por razones personales”. Al igual que Weber, Stark es considerado un defensor de la estabilidad y crítico de la compra de bonos estatales por parte del BCE.

Esa postura se apoya en buenos argumentos. A fin de cuentas, el tratado sobre el funcionamiento de la UE prohíbe al BCE la compra directa de títulos de deuda, para preservar la independencia del instituto emisor. Su tarea es asegurar la estabilidad del euro y no echar a andar las impresoras de billetes para socorrer a Estados en aprietos. No obstante, al Banco Central Europeo no le está prohibido por principio comprar bonos, sino sólo hacerlo de manera “directa”, según indica el artículo 123 del tratado de la UE. Es decir, no puede adquirir directamente bonos de países en problemas. En cambio, sí puede comprarlos en el mercado secundario, cuando la estabilidad del euro se vea en peligro.

Compras a gran escala

El Banco Central Europeo ha hecho uso de esa posibilidad profusamente. Desde mayo de 2010, ha comprado bonos por un monto de 203.500 millones de euros. Ha justificado tales compras aduciendo la necesidad de apuntalar los mercados, pero con su intervención también ha atenuado los costos por concepto de intereses que enfrentan países en dificultades, como Italia y España.

Entretanto, una crisis de emergencia sucedía a la otra en Bruselas. En marzo, los 27 socios de la Unión Europea decidieron un amplio paquete de medidas para el resguardo del euro. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) fue ampliado a un total de 500.000 millones. A partir de 2013 ha de ser reemplazado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE, o ESM, por sus siglas en inglés) dotado con 700.000 millones de dólares. En agosto, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, propusieron la creación de un gobierno económico de la eurozona. Además demandaron el establecimiento de un tope máximo al endeudamiento de todos los países que la integran. Por el momento fue descartada la emisión de eurobonos.

En octubre, la crisis llevó a celebrar incluso dos cumbres en el lapso de cuatro días. En la segunda de ellas se resolvió finalmente una condonación parcial de la deuda griega. Los acreedores privados han de renunciar a un 50 por ciento de lo que se les debe. Además, los gobernantes europeos decidieron un nuevo paquete de ayuda para Grecia. El país ha de recibir créditos adicionales por un monto de 100.000 millones de euros hasta el 2014. En la cumbre también se resolvió que los bancos europeos de relevancia sistémica deberán dotarse de mayor capital propio. Además, el FEEF ha de incrementar su efecto mediante un apalancamiento, cuyos detalles no fueron especificados.

Víctimas políticas

A esas alturas, la crisis comenzó a cobrar también víctimas políticas. A fines de octubre, el entonces primer ministro griego, Yorgos Papandreu, anunció el propósito de someter a referéndum el plan de rescate de su país, jugándoselo todo a una carta. La medida sorprendió por completo a la Unión Europea; las bolsas siguieron cayendo en picada. Luego, Papandreu tuvo que dar marcha atrás en vista de la masiva presión ejercida por los acreedores internacionales: retiró su plan y, poco después, dimitió.

En noviembre, también Italia se vio cada vez más presionada en los mercados financieros. El país tuvo que pagar un récord del 6,7% por préstamos a 10 años. Silvio Berlusconi perdió una votación en el parlamento y el 12 de noviembre renunció a su cargo de primer ministro. También en España hubo un vuelco. En las elecciones parlamentarias anticipadas, el conservador Partido Popular (PP), con Mariano Rajoy a la cabeza, logró una victoria apabullante. Los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero sufrieron en cambio una debacle de dimensiones históricas en estos comicios, marcados por la crisis de la deuda.

No cede la presión

Tras Italia y España, también Francia comenzó a verse envuelto en las turbulencias. La agencia de rating Moody's advirtió que el segundo mayor país de la eurozona podría perder la calificación máxima (AAA) si los costos de refinanciación se mantienen altos permanentemente y afectan al presupuesto, en vista del decaimiento coyuntural. Los intereses que Francia y Bélgica tuvieron que pagar por créditos a 10 años alcanzaron el máximo nivel. España, por su parte, tuvo que pagar los intereses más altos en 14 años.

A comienzos de diciembre, Standard & Poors amenazó a Alemania y a casi todos los países de la eurozona con rebajar sus calificaciones. En un paso sin precedentes, la agencia previó perspectivas negativas para 15 países, lo que podría conducir a la rebaja en un plazo de tres meses. Alemania, que tiene la máxima nota (AAA) podría descender un peldaño.

Para rescatar al euro, la UE finalmente se mostró dispuesta a poner en juego su unidad. En la cumbre de diciembre se acordó sellar un nuevo tratado sobre disciplina fiscal, que Gran Bretaña rechazó. De este modo, Alemania y Francia alcanzaron sólo parcialmente su objetivo. El nuevo pacto incluirá a los 17 países de la eurozona, a los que se sumarían hasta 9 países más de la UE. Éstos, sin embargo, tendrán que consultar primero a sus parlamentos.

Autor: Rolf Wenkel /Emilia Rojas
Editor: José Ospina