El Salvador tiene una deuda con sus víctimas. Así lo dicen las organizaciones que forman la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, quienes se reunieron este jueves (13.02.2020) en la capital para demandarle al Parlamento que escuche sus voces antes de aprobar una nueva Ley de Reconciliación, a la vez que sumaron su condena a la crisis desatada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Se acerca la fecha límite establecida por la Corte Suprema de Justicia para aprobar la Ley de Reconciliación, un nuevo decreto que brindaría base legal de cara a las violaciones de derechos humanos –mayoritariamente cometidas por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)- durante la guerra civil (1980-1992). Además, la Asamblea Legislativa está enfrentada al Gobierno de Nayib Bukele luego de los hechos que han denunciado como un intento de golpe de Estado provocado por el Ejecutivo.

Las voces olvidadas

Sofía Hernández es una de las fundadoras del Comité de Madres de Detenidos Desaparecidos. Ella dice que pasó dos años presa, "sin causa, ni explicación”, en la época del conflicto. Además, durante la guerra salvadoreña vio cómo asesinaron a su esposo y a su hija, mientras que todavía busca a dos hermanos y dos sobrinos desaparecidos. Su lucha por la verdad la llevó a cerrar filas con otras mujeres y hombres –la mayoría ya de avanzada edad- que todavía piden justicia y que son acompañados por organismos defensores de derechos humanos.

"Nosotros vivimos una guerra muy dura y cruel. Vimos cómo masacraban a los niños, cómo violaban a las niñas, cómo asesinaban a las mujeres embarazadas, vimos tantas cosas que no podemos callar. Eso nos mueve a pedir justicia porque no queremos que haya impunidad. No queremos que todos los de la FAES que hicieron esos crímenes tan crueles estén tranquilos, mientras que a nosotros no nos oyen, ni nos dicen dónde están nuestros hermanos desaparecidos. Lo que se vivió el domingo, pueden ser medidas de repetición de lo que pasó en la guerra y no queremos eso para nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden vivir lo que nosotros vivimos. No podemos quedarnos callados”, dice a DW Hernández.

"Los diputados tuvieron miedo cuando les militarizaron la Asamblea Legislativa. Ahora, ellos sí se dan cuenta de qué tan terrible es tener a la FAES encima, y han pedido a la Corte Suprema y a la Fiscalía que denuncien ese atropello, pero a nosotros no nos oyen. El atropello que sufrimos fue más fuerte, porque a nosotros nos quitaron a nuestros familiares y nos sacaron de nuestros cantones. Con un día que tuvieron a los militares en la Asamblea, sintieron temor porque saben que eso es horrible”, agregó Hernández, a la vez que aclaró que "no solo a los diputados les dio miedo, también a la población que sufrió la guerra porque, pensar que pueda haber una repetición, es duro”.

Por su parte, Carlota Ramírez, otra de las víctimas civiles del conflicto armado, reclama que Bukele "solo se preocupa por la seguridad de los que tienen dinero, porque nosotros, en nuestros cantones, no tenemos seguridad. Él se ha olvidado de las víctimas de la guerra, ni siquiera las menciona. Ni siquiera en esa oración que fue a hacer al Salón Azul (del Parlamento), nos mencionó”.

"Esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir porque parece que el país está retrocediendo. El día que vimos militarizada la Asamblea Legislativa, solo me recordó a los años de la guerra y nadie quiere volver a vivirla. Lo que estamos pidiendo a los diputados, y también al señor presidente de la República, es verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”, señaló Ramírez..

Entretanto, María Sorto explicó que "nosotros somos víctimas del conflicto armado. Yo soy familiar de una niña de cuatro años desaparecida durante la guerra y a mí me duele mucho a estas alturas tener un gobierno que no cumple las leyes. Es injusto que nosotros llevemos el sexto plantón exigiendo ser escuchados y él nos haya ignorado tanto”.

Mientras, las organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron en un comunicado difundido a la prensa que "los recientes y lamentables sucesos han demostrado no solo la fragilidad de la democracia salvadoreña, sino las consecuencias de no preservar la memoria histórica y de no haberse establecido garantías de no repetición desde la etapa de los Acuerdos de Paz”.

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