Crisis en Perú: congresistas serán acusados constitucion
21 de marzo de 2018
Los procesos de desafuero de estos políticos se suman a la segunda moción de destitución contra el presidente Kuczynski.
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El Congreso de Perú anunció que junto con la moción de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, se ha iniciado un proceso de acusación constitucional que busca desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual primera ministra, Mercedes Aráoz, y a Kenji Fujimori, por la supuesta compra de votos para evitar la destitución del mandatario.
La medida fue anunciada por el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien apareció acompañado por los portavoces de otras bancadas, e indicó que, además de Aráoz, también se acusará a Carlos Bruce, quien ejerce como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los otros acusados son Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes aparecieron en diversos videos difundidos este martes 20 de marzo por el partido fujimorista Fuerza Popular, en los que ofrecen, a nombre del Gobierno, obras públicas a legisladores opositores, a cambio de que voten contra la suspensión de Kuczynski.
Galarreta añadió que la comisión parlamentaria de Ética investigará a los cinco acusados. Indicó que las pruebas recabadas serán trasladadas a la Fiscalía, que ya anunció la apertura de investigaciones preliminares, con miras a una eventual denuncia penal contra los implicados en el caso.
Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel son tres de los diez congresistas autodenominados "avengers" (vengadores) que en la anterior moción de vacancia (en diciembre de 2017) contra Kuczynski salvaron al presidente de ser destituido gracias a su abstención. Tres días después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori de la condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
En los días previos a la votación de esta segunda moción para destituir a Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el fujimorismo denunció que el Gobierno buscaba a sus parlamentarios para comprar sus votos, lo que fue ratificado con los videos que filmó con cámara oculta el congresista Moisés Mamani.
En ellos no solo hay conservaciones con Fujimori, Ramírez y Bocángel, sino también audios con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, según reveló hoy el portavoz parlamentario del fujimorismo, Daniel Salaverry.
MN (efe,dpa)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.