El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió enviar una comisión especial a Honduras para analizar la situación política y propiciar el diálogo entre las instituciones en discordia.

En cuestión de una semana, Honduras ha dejado de ser uno de los países latinoamericanos cuya política interior menos daba que hablar a la prensa internacional para convertirse en el generador de titulares más importante de la región.

Y es que las reacciones desencadenadas por la inminencia de una consulta popular –convocada por el Presidente hondureño, Manuel “Mel” Zelaya, para este domingo 28 de junio – han dejado al descubierto serias fricciones en el seno del Estado que podrían poner en jaque la institucionalidad democrática en el país centroamericano.

¿El Chávez hondureño?

Zelaya, quien desde hace varios meses ha promulgado la necesidad de enmendar la Constitución y, según los expertos, ha apelado a una retórica “revolucionaria” que contradice todo lo que él representa. Zelaya, hijo de terratenientes católicos que llegó al poder en 2005 en representación del Partido Liberal de Honduras (PLH), estaría interesado en medir la fuerza de su discurso a través de esta consulta.

De tener lugar, el referendo de este domingo sería sólo el primero de varios plebiscitos por venir; allí se le preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo con que se aprovechen las elecciones generales de noviembre de 2009 –en las que se elige al presidente, a los diputados y a los alcaldes – para votar también a favor o en contra de la creación de una Asamblea Constituyente.

Zelaya y la reelección presidencial

“Zelaya no es muy concreto a la hora de describir las reformas constitucionales que quiere hacer. Él habla de lograr que la democracia hondureña sea más participativa, pero sus opositores están convencidos de que lo que él busca es enmendar la Carta Magna para hacer posible la reelección presidencial y perpetuarse en el poder”, explica Peter Peetz, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo, y conocedor del desarrollo político centroamericano.

“Quienes están a su favor son, en su mayoría, miembros de organizaciones de tendencia izquierdista, como el partido Unificación Democrática, el grupo de activistas Bloque Popular, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y algunos sindicatos de trabajadores hondureños; digo algunos porque no todos los sindicatos son de ultraizquierda”, agrega Peetz. “Pero tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal Supremo Electoral, el Parlamento y los partidos políticos más grandes –incluyendo el de Zelaya – están en contra de su iniciativa”.

La gota que derramó el vaso

El martes 23 de junio, el Parlamento hondureño aprobó una ley que prohíbe la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones presidenciales y legislativas – los próximos comicios tendrán lugar en noviembre de 2009. “Esa moción busca poner un obstáculo legal adicional a la celebración del referendo consultivo propuesto por Zelaya para este domingo. De por sí, las elecciones y plebiscitos sólo pueden ser convocados por el Tribunal Supremo Electoral”, señala el investigador alemán.

Cuando Zelaya pidió al general Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor, que colaborara en la organización del referéndum, éste se negó a acatar la orden argumentando que hacerlo constituiría un acto de ilegalidad. Pero lo que realmente desató la actual crisis política en Honduras fue la destitución con efecto inmediato del general Vásquez por parte del Presidente y la negativa del militar a abandonar su cargo el miércoles 24 de junio.

Una crisis muy peculiar

“El Ministro de Defensa, Edmundo Orellana, y los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército renunciaron a sus cargos poco después de la destitución del Jefe del Estado Mayor”, añade Peetz para describir la magnitud de esta peculiar coyuntura que ha mantenido enfrentadas durante varios días a las distintas instancias del Estado hondureño.

Entre el jueves 25 y el viernes 26 de junio la crisis alcanzó su punto álgido: la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la destitución del general Romeo Vásquez como Jefe del Estado Mayor justo cuando Zelaya estaba por sustituirlo por un militar de su confianza y las Fuerzas Armadas, que parecían estar inseguras acerca de qué línea de mando obedecer, se hicieron presentes en las calles de Tegucigalpa previendo que los simpatizantes de Zelaya pudieran iniciar protestas violentas.

Guerra de poderes

Mientras un grupo de parlamentarios se reunía para buscar la manera de inhabilitar al Presidente, el propio Zelaya congregaba a sus seguidores y se dirigía a la base militar en donde estaban almacenadas las urnas y las boletas electorales para quitárselas a los militares. “Tengo entendido que Zelaya entregó las urnas a organismos policiales para que éstos distribuyeran el material en las 15.000 mesas electorales hondureñas a tiempo para celebrar la consulta popular este domingo”, dice Peetz.

Aunque no hubo reportes de enfrentamientos violentos en las calles, la crisis trascendió las fronteras hondureñas y generó preocupación dentro y fuera del continente. La comisaria europea de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, hizo un llamado para que las partes involucradas en la actual crisis de Honduras conservaran la calma, desistieran de alterar el orden democrático y respetaran el Estado de Derecho.

El ALBA y la OEA

Por su parte, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, y Antigua y Barbuda, quienes integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), describieron el forcejeo político hondureño como un “intento de golpe de Estado”. Algunos de ellos amenazaron con intervenir si en el país centroamericano se llegara a consumar la destitución de Manuel Zelaya como Presidente. Después de todo, Zelaya firmó el convenio de adhesión al ALBA en nombre de Honduras en agosto de 2008.

Interesado en que la situación no escalara en la víspera de la controversial consulta popular pautada para este domingo –cuya celebración luce algo más que improbable, dadas las circunstancias –, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue convocado con carácter de urgencia y aprobó unánimemente una resolución que apoya a Manuel Zelaya en calidad de Presidente constitucional de la República de Honduras.

Este sábado 27 de junio, la OEA decidió enviar una comisión especial al país centroamericano para que analice la situación política y promueva el diálogo interinstitucional con miras a hallar una solución a esta coyuntura. Está por verse si el arbitraje de la OEA ayuda a que el domingo 28 de junio transcurra sin mayores sobresaltos en Honduras.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editor: José Ospina-Valencia