Pese a la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos y a que la Organización de las Naciones Unidas velará por que se cumpla, son los ciudadanos de ese país sudamericano quienes tienen la última palabra: el próximo domingo (2.10.2016), millones de personas irán a las urnas para votar a favor o en contra de que el pacto con las FARC entre en vigor. Muchos creen que el convenio de La Habana honra la dignidad de las víctimas del longevo conflicto armado; otros opinan que fomenta la impunidad. Estos son los puntos del acuerdo que mayor controversia despiertan.

Reforma agraria

Acordado en mayo de 2013, el proceso de redistribución de tierras contempla la fundación de un "banco de tierras” dotado con tres millones de hectáreas confiscadas por el Estado debido a su improductividad o a que habían sido utilizadas para actividades ilegales. Eso permitirá que la población desplazada durante la guerra civil recupere las tierras que perdió. También se fomentará la compra de terrenos mediante créditos asequibles y el desarrollo de la infraestructura rural. "Muchos pensaban que los latifundistas serían expropiados, pero este programa pudo haber sido concebido por el Banco Mundial”, comenta Günter Knieß, exembajador de Alemania en Colombia (2012-2016).

Desarme y reintegración

Tras la firma del acuerdo de paz, las FARC tienen cinco días para revelar dónde esconden su armamento, noventa para entregar un tercio de su arsenal y 180 para declarar desarmados a sus siete mil combatientes. Ese proceso tendrá lugar en 23 zonas de transición y bajo el escrutinio de las Naciones Unidas. La reintegración social de los guerrilleros –muchos de los cuales nacieron y crecieron en la selva colombiana– comenzará en zonas especiales y en campamentos de las FARC. Todo el que entregue sus armas tendrá acceso a programas de formación técnica y profesional, y recibirá una prestación económica única, equivalente a 2.440 euros, para que se facilite su retorno a la vida civil.

Justicia

El acuerdo con las FARC contempla la instauración de una "Justicia de transición”, encarnada en un tribunal para la paz, una comisión de la verdad y otras instancias extraordinarias. Quien confiese haber cometido crímenes graves y colabore en la investigación de los mismos puede optar por cumplir su condena en forma de trabajo comunitario con libertad de movimiento restringida. Quienes se nieguen a confesar o a cooperar con los investigadores pueden pagar penas de cárcel de por lo menos cinco años. "Este convenio no alienta la impunidad, como dicen algunos críticos”, sostiene Tom Koenigs, emisario especial del Estado alemán para el proceso de paz en Colombia.

Participación política y lucha antinarcóticos

El partido político que surja del seno de las FARC recibirá financiamiento público y podrá participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hasta 2026, es decir, durante los próximos dos períodos legislativos, a esa formación se le garantizará un mínimo de cinco escaños en cada Cámara. También se acordó que el Gobierno y las FARC –que controla entre el 60 y el 70 por ciento del comercio de drogas en Colombia– lucharán juntos contra el narcotráfico, sustituyendo o eliminando los sembradíos ilegales de coca. El expresidente Álvaro Uribe, predecesor de Juan Manuel Santos, insiste en que de este pacto no saca provecho la población colombiana, sino solamente los guerrilleros.

Autor: Astrid Prange