El presidente de Estados Unidos es jefe de Estado y de Gobierno a la vez. Además, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Debido a que concentra mucho poder, la Constitución de EE. UU. contempla el principio de "checks and balances" (controles y contrapesos). Es decir que el mandatario es controlado por diferentes órganos estatales como el Congreso y la Corte Suprema.

Puestos claves

El presidente puede nombrar a los miembros de su Gabinete, pero el Senado debe ratificar en su cargo, con una mayoría simple, a cada uno de los ministros. El mandatario también propone a jueces para la Corte Suprema. Sin embargo, es necesario que 60 de los 100 senadores –una mayoría de tres quintos– aprueben la nominación. Puesto que, en el caso de leyes polémicas, la Corte Suprema muchas veces tiene la última palabra y el cargo de los jueces de este órgano es de por vida, con la elección de un candidato, el presidente puede influir en la política, incluso más allá de su mandato.

El presidente de Estados Unidos nombra, además, a los jueces de más de 100 tribunales federales. Para su confirmación, solo se requiere una mayoría simple en el Senado. Varios miles de puestos federales, por ejemplo la dirección del banco central Fed, son designados por el mandatario.

Legislación

Solo el Congreso puede emitir leyes. Sin embargo, Trump puede pedir a los diputados que presenten sus proyectos de ley. Por otro lado, el presidente estadounidense tiene derecho a veto y puede rechazar cualquier ley aprobada por el Congreso. En caso de un veto normal, el mandatario tiene diez días para justificar su rechazo. Si después se alcanzara una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, la reglamentación entraría en vigor, pese al veto presidencial.

Decretos

 El presidente puede gobernar a través de decretos, que muchas veces tienen carácter legislativo. De esta forma, también puede poner en vigor tratados internacionales, que su gobierno ha negociado pero que el Senado se niega a ratificar. Este tipo de decretos se llama "executive agreements" (acuerdos ejecutivos).

Por su parte, el Congreso puede acordar una nueva ley, que contradiga la orden ejecutiva. Además, ciudadanos, políticos y grupos de interés pueden presentar una demanda, en caso de que consideren que una orden es anticonstitucional. Asimismo, el próximo presidente puede anular de un plumazo los decretos de su antecesor. 

Política exterior

A nivel de política exterior, Trump tiene un mayor margen de maniobra que a nivel nacional, donde puede ser frenado por el Congreso. Es él quien decide qué países son los aliados de Estados Unidos. Al recibir a jefes de Estado y abrir embajadas, puede legitimar a Estados.

FF. AA., servicios secretos y bombas atómicas

Si bien el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Constitución establece que solo el Congreso tiene derecho a declarar una guerra. En la práctica, sin embargo, cuando hay un peligro inminente, el mandatario puede declarar una guerra sin aprobación previa del Parlamento. En un lapso de 48 horas, el presidente debe informar al Congreso. Después tiene 60 días para recibir la aprobación de los diputados. 

Asimismo, los 16 grandes servicios secretos de Estados Unidos están bajo el mando del presidente. Éste es, además, el único que puede ordenar un ataque con armas nucleares. En este caso, el ministro de Defensa contacta al Ejército, y los generales ordenan a sus subordinados preparar el lanzamiento.  

Derecho presupuestario

Mientras que el presidente tiene el control del poder Ejecutivo, el Congreso controla su financiamiento. Para parar una orden de Trump, ambas Cámaras parlamentarias podrían negarse a aprobar el presupuesto respectivo.

Proceso revocatorio

Hay dos formas de destituir al presidente de Estados Unidos. En caso de que llegara a incurrir en un grave delito, una mayoría simple en el Congreso tendría que aprobar primero su destitución. Tras una comparecencia del presidente ante el Senado, se necesitaría además una mayoría de dos tercios para confirmar la medida.

También existe la posibilidad de que una mayoría simple en el Gabinete o Congreso decida junto con el vicepresidente que el mandatario ya no es capaz de cumplir sus derechos y obligaciones. Para una destitución definitiva, se necesitaría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.