Cuando el primer ministro Manuel Marrero anunció el plan macroeconómico de estabilización, el presidente Miguel Díaz-Caneltuvo que salir rápidamente a tranquilizar los ánimos. Aseguró que las medidas no constituyen un "paquete neoliberal contra el pueblo”, pero admitió que implican "decisiones complejas, como complejo es el momento” que atraviesa Cuba. La isla caribeña se encuentra desde hace tres años en una seria crisis económica y de desabastecimiento: una inflación galopante, escasez de combustible y medicamentos y frecuentes cortes de electricidad marcan la vida diaria en el país, en el que se desató una nueva ola de emigración. 

En vista de eso, el gobierno anunció para 2024 uno de los mayores planes de ajuste de las últimas décadas. Este contempla aumentos en el precio de la energía y el fin del subsidio universal a los productos de la cartilla de la canasta básica.

Marrero aludió a los efectos del exterior, como el bloqueo estadounidense, pero también formuló cierta autocrítica. Su diagnóstico de la situación, en todo caso, fue devastador; no se alcanzaron las cifras previstas de ingresos por concepto de exportaciones, sigue habiendo un abultado déficit de divisas, la diversificación de bienes y servicios no aumenta, no se registra un crecimiento sostenido de la producción, en especial de alimentos, y las inversiones extranjeras son insuficientes.

Subvenciones a personas, no a productos

El plan que presentó apunta a reducir los gastos del Estado, elevando precios fijados por el gobierno. Al mismo tiempo, se pretende disminuir el gasto en subvenciones, entregando subsidios a las personas necesitadas, en lugar de subsidiar productos. Es un cambio de paradigma. "No es justo que reciban lo mismo los que mucho tienen que los que muy poco tienen. Hoy nosotros le subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero”, argumentó.

Esto afecta sobre todo a la libreta de racionamiento, mediante la cual se reparten por igual a todos los cubanos alimentos básicos, como arroz, frejoles, aceite, pollo y otros productos, a precios altamente subvencionados. De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil, eso le cuesta a Cuba cerca de 1.600 millones de dólares anuales. El objetivo es crear un sistema más justo y eficiente, dijo Marrero, asegurando que no se dejará a nadie desamparado. Díaz-Canel, por su parte, disipó luego temores de que la "libreta” sea eliminada.

Por otra pare, el gobierno quiere adaptar el tipo de cambio oficial del peso cubano (CUP) al dólar. Marrero indicó que, con ese fin, se formará un grupo de trabajo con en Banco Central. Actualmente, el cambio oficial es de 24 CUP por dólar para personas jurídicas y de 120 CUP para personas privadas. En el mercado informal, el dólar ha subido entretanto a más de 265 CUP.

Las cifras de la crisis

En vísperas de la sesión de la Asamblea Nacional en que se anunciaron los planes, el gobierno había dado a conocer varios datos macroeconómicos. El PIB bajará entre un 1 y un 2 por ciento en 2023, según estimaciones gubernamentales. La inflación se eleva a cerca de un 30 por ciento en el mercado formal. La informal es bastante más alta. El turismo tampoco ha cumplido las expectativas, con cerca de 2,45 millones de visitantes.

Por eso, otras medidas apuntan a reactivar el sector turístico, y también a fomentar la producción de bienes de exportación, como del tabaco o ron, y a impulsar la importación de insumos para la producción. Se desea mejorar el acceso de las empresas a divisas, ampliando el comercio electrónico con pagos desde el exterior y se seguirá fomentando la inversión extranjera, sobre todo en el terreno de la alimentación y las energías renovables. Desde el 1 de enero, se aplicarán además aumentos arancelarios, y rebajas para empresas privadas cubanas.

(ers/gg)