En las masivas protestas del pasado 11 de julio, muchos cubanos gritaron “tenemos hambre”, o exigieron medicamentos y vacunas. Pero, sobre todo, repitieron gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”. Y los acompañaron con advertencias de “no tenemos miedo”. Fueron “demandas de poder participar en las decisiones políticas que se toman en el país”, dice a DW la artista visual y activista cubana Salomé García Bacallao.  

Represión violenta

La reacción inmediata del Gobierno y los medios estatales, sostenida hasta hoy, desestimó las protestas como “disturbios a escala muy limitada”, protagonizados por “mercenarios”, “vándalos” y “revolucionarios confundidos”: como consecuencia del “bloqueo” económico y de “operaciones comunicacionales” de EE. UU., pero jamás de la mala gestión de quienes se presentan como guardianes de “La Revolución”.

“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”, ordenó ese día el presidente Miguel Díaz-Canel. Y dio luz verde así -tanto a las fuerzas del orden como a sus partidarios- para la represión estatal y paraestatal, “ejemplarizante”, recuerda el abogado Eloy Viera Cañive, dedicado a la educación jurídica de la ciudadanía cubana en la red. Tras un apagón de internet de más de 48 horas, también en Cuba circularon imágenes y testimonios de golpizas, balazos, y el Gobierno reconoció al menos un muerto, en un enfrentamiento con agentes.

Detenciones, desapariciones y juicios exprés

Esa primera respuesta se tradujo, además, en masivas detenciones de manifestantes durante y después de las protestas, usando videos de redes sociales y denuncias de simpatizantes del oficialismo para identificarlos. Así como en la celebración de más de 60 juicios sumarios, exprés y sin abogados defensores: “para dejar claro que los tribunales cubanos pueden entender la ocupación de espacios públicos como un acto delictivo”, opina Cañive.

“En lugar de libertad, hemos tenido cientos de personas encarceladas, muchas de las cuales estuvieron en algún momento en desaparición forzada”, denuncia por su parte Bacallao, quien colabora desde España en la elaboración y verificación de  un registro de casos, ante la escasez de cifras oficiales.

Tras controlar las protestas y sometido a presiones internacionales, el Gobierno matizó su discurso con una campaña oficial para “ponerle corazón” a Cuba, y reuniones de Díaz-Canel con sectores afines al oficialismo, como los periodistas estatales y líderes de determinadas denominaciones religiosas. Además, cambió los mecanismos de judicialización, observa Cañive: centenares de detenidos empezaron a ser liberados y cesaron los juicios sumarios.

Pero, según el registro independiente, de al menos 1020 personas detenidas, 505 continúan aún en esa situación, incluidos 12 adolescentes de entre 15 y 18 años, que pueden ser juzgados como adultos desde los 16 en la isla. De 416 personas excarceladas, muchas esperan juicio bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Y la situación actual de las otras 97 ni siquiera se ha podido establecer.

Producto de la colaboración de un grupo de mujeres como Bacallao y la ONG de asesoría jurídica Cubalex, esta lista recoge, sobre todo, denuncias publicadas en medios independientes y redes sociales, o enviadas por correo electrónico, teléfono o Whatsapp. Las activistas han conseguido verificar poco más del 60 por ciento con familiares, amigos o los propios detenidos excarcelados. Y, en muy pocos territorios, con reportes de la prensa estatal local o autos de fiscalía.

Subregistro independiente, marginalización y miedo

Se trata de un subregistro, ”con un sesgo económico muy grande”, advierte a DW la periodista independiente María Matienzo, que colabora con el registro en La Habana. Muchas familias, especialmente entre la población negra y mestiza, carecen de acceso a la tecnología informática o las redes sociales, precisan las activistas.

Así, mientras un expediente de investigación filtrado a la prensa independiente indica que en el popular barrio habanero de La Güinera hay 161 personas acusadas, la lista solo registra 99. Y aunque los familiares de detenidos en una prisión del también habanero municipio del Cotorro consultaron listados de 800 nombres, Bacallao y Matienzo solo tienen referencias de 10 personas que pasaron por ese centro, y de casi 300 detenciones en toda La Habana.

El grueso de los liberados son “personas con cierta visibilidad: artistas, estudiantes, universitarios, gente con redes de apoyo”, agrega Bacallao. Por el contrario, entre los aún encarcelados, incluidos los menores, abundan residentes de barrios marginalizados. Y entre los cargos que se les imputan sobresalen los de desórdenes públicos, desacato, o instigación a delinquir (por llamar a sumarse a las protestas). Eso contradice la versión oficial de que la mayoría está siendo juzgada por delitos violentos, insiste la activista.

Entretanto, muchas denuncias se han realizado desde fuera de Cuba. Dentro, a no pocos detenidos y familiares los ha vuelto a frenar el miedo: han sufrido interrogatorios, amenazas y multas por aparecer en el registro y en reportes de la prensa independiente o extranjera. “Tenemos noticias de personas detenidas que piden dejar de mencionar su nombre, porque les han amenazado con que su situación podría empeorar”, relata Bacallao.

Quienes continúan detenidos enfrentan hoy procesos penales ordinarios. Se les imputan delitos más graves, como desorden público agravado, atentado o delitos contra la Seguridad del Estado. Eso les permite “esperar que bajen las tensiones políticas y utilizar la prisión provisional (de 60 días) como mecanismo de sanción anticipada”, señala Cañive. El objetivo: que sirvan de “escarmiento”, aunque luego haya quienes no sean llevados a juicio, opina.

Por eso, Cañive celebra también la activación, “en silencio”, de un sector del clero al que ha apoyado como jurista: la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), que gestiona recursos financieros y asesoría espiritual, psicológica y legal para los detenidos y sus familiares en todas las diócesis del país. Y que no ha contado con apoyo explícito de la jerarquía católica, pero sí con la tolerancia pragmática del Gobierno, evitando enfrentarse a esta institución, mediadora en procesos políticos importantes como la liberación de los presos políticos de la llamada Primavera Negra de 2003.

Donaciones, PYMES y más censura

Además, las protestas destrabaron medidas largamente exigidas en la isla y su diáspora. Se eliminaron, hasta diciembre, topes y aranceles para la importación de medicinas, alimentos y productos de higiene “por la vía del pasajero”. Y se formalizó la esperada legalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tanto privadas como estatales. Aunque, también se concretó la criminalización del disenso en internet y redes sociales, con un decreto sobre incidentes de “ciberseguridad” y “subversión social”.

La primera de estas medidas respondió a un reclamo que circuló en redes desde antes del 11J, bajo la etiqueta de #SOSCuba: establecer un corredor humanitario para paliar la crisis económica y sanitaria que vive la isla. Fue una “victoria pírrica”, afirma a DW Mabel Cuesta, profesora de literaturas hispanicaribeñas en la Universidad de Houston, a quien las protestas sorprendieron distribuyendo donaciones de medicamentos en su natal Matanzas.

El 15 por ciento de la población transnacional cubana vive en EE .UU. y no aumentaron los vuelos, explica. Además, “la medida tiene fecha límite, pero la pandemia no”. Y el Gobierno, concentrado en el embargo estadounidense, no reconoce ni su poca inversión en salud pública, ni el aporte de los emigrados, ni que podría haber tomado esta medida antes, reclama.

No obstante, Cuesta celebra que la sociedad civil cubana se organizara ejemplarmente, dentro y fuera de la isla, para capitalizar la eliminación de aranceles: desde Madrid o Miami, “empezó a viajar más gente para llevar más ayudas”, distribuidas por personas y grupos muy vinculados a las comunidades en todas las provincias del país. Solo la iniciativa Ayuda Humanitaria a Cuba, coordinada en Madrid, por ejemplo, reporta ya el envío de más de una tonelada y media de medicamentos e insumos médicos a la isla.

La represión de las protestas inflamó el discurso de “gente que ya venía pidiendo la intervención (humanitaria) de poderes extranjeros en Cuba”, pero amplió también las iniciativas de “gente que ya venía asistiendo a los necesitados”, resume Cañive.

“Al Gobierno le hubiese gustado dar una respuesta con vacunación”, agrega. Aspiraba a ser el primer país del mundo en inocular a toda su población con vacunas nacionales. A producir 10 millones de dosis de Soberana 02 y tener al 70 por ciento de la población vacunada en agosto. Pero apenas se ronda el 30 por ciento. Con problemas para producir Soberana 02, “solo se estuvo produciendo Abdala y ya empezaron a emplear la vacuna china (de Sinopharm), pero no han sido transparentes sobre esto”, señala.

¿Se repetirá el 11 de julio?

“A pesar de todo este terror desplegado, y aunque demore, un nuevo estallido social es inevitable”, prevé la activista Bacallao. Y Cañive coincide, pues pese a donaciones de aliados como México, Rusia o China, el Gobierno cubano no tiene recursos para responder a los reclamos más básicos de los manifestantes, para aliviar “el desespero motivado por la crisis económica y agravado por la crisis sanitaria”, dice.

Sin embargo, la sociedad civil cubana que reside en la isla “llegó al 11J muy diezmada en su capacidad de actuación”, reconoce. La labor previa de movimientos opositores tradicionales como la UNPACU, o nuevos como el MSI o el 27N “labró un camino para la protesta, que también les costó la represión descarnada del Gobierno.”

Ninguno de los opositores que demostraron pujanza antes del 11J -y que no estaban ya detenidos, en prisión domiciliaria, enfermos o fuera de Cuba- pudo incorporarse a la protesta. Quienes lo intentaron, como José Daniel Ferrer (UNPACU) y Luis Manuel Otero (MSI), fueron detenidos. Además, el Gobierno aprovecha para invisibilizar a otra centena de presos políticos encarcelados antes del 11J, como el artista Hamlet Lavastida (27N), opina Cañive.

De ahí que lo que se ha visto tras el 11J, sobre todo, es una activación de otros actores sociales: “familiares de personas que empiezan a sufrir por primera vez la represión; madres y padres de detenidos, que entendieron que había que denunciar”, precisa el jurista. Pero “todos los escenarios posibles a partir del 11 de julio apuntan a más represión, a más control”, lamenta por su parte Matienzo.

De vuelta a Houston, Mabel Cuesta es pesimista. “Esa chispita que se encendió, ellos la consiguieron aplacar. La gente intuye que no vale la pena poner el preso o el muerto, por algo que es muy obvio: si los poderes militar y económico están en las mismas manos, ¿qué salida tenemos?”. Por eso, cree que “los jóvenes, una vez más, se van a ir, a donde puedan, los que puedan.”

Bacallao, no obstante, insiste en llamar a la comunidad cubana en el exterior a seguir reclamando justicia para los manifestantes del 11J, creando redes de apoyo y generando confianza para que las personas comuniquen su situación. Así como recabando apoyo material para contratar abogados y pagar fianzas y multas, infladas por la reciente reforma monetaria. De lo contrario, advierte, “las personas sentirán que no estarán respaldadas ante un nuevo estallido social”. (dz)