Este fin de semana, el Gobierno cubano aprobó una serie de decretos-leyes que legalizarán y regularán la creación y el funcionamiento de “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)” en la isla. Además, concretarán las “Cooperativas No Agropecuarias“, hasta ahora ensayadas como experimento. Y actualizarán la regulación del "trabajo por cuenta propia”, ese eufemismo que define al autoempleo o trabajo autónomo y a la empresa privada en Cuba.

La nota oficial publicada en la web de la Asamblea Nacional (el Parlamento unicameral cubano) no aclara demasiados detalles: las MIPYMES podrán ser de propiedad estatal, privada o mixta. Y su clasificación dependerá del número de personas ocupadas, incluidos los socios: entre 1 y 10 personas en microempresas, entre 11 y 35 en pequeñas empresas, y entre 36 y un máximo de 100 en la mediana empresa. Y poco más: “Cada una de las disposiciones aprobadas con sus normas complementarias se publicará oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.” 

Así que “todo lo que se diga ahora es especulativo”, porque faltan los detalles, señala a DW el economista cubano Ricardo Torres. “Lo importante en Cuba está en los detalles, y estamos tan acostumbrados a decepcionarnos con los detalles, que francamente no quiero pecar de ser demasiado optimista”, advierte. Y recuerda que “la legislación cubana suele ser bastante omisa y ambigua”.

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Preguntas (aún) sin respuesta

Existen al menos tres preguntas claves sobre las PYMES privadas que aún no tienen respuesta en Cuba, insiste por su parte en Twitter el también reconocido economista cubano Pedro Monreal, y enumera: “a) ¿se adoptaría posteriormente una ley de apoyo a las PYMES?, b) ¿tendrían una función en la creación de grandes empresas?, y c) ¿tendrían un espacio político?”

Las PYMES, “son emprendimientos dinámicos, ofrecen empleo, generan ingresos, y actúan como conectores del tejido económico”, pero -al  mismo tiempo- “son entidades frágiles, con una alta tasa de fracasos”, explica Monreal. Así que lo mismo podrán requerir apoyo, que fortalecerse al punto de exigir “mayores reformas y el funcionamiento de una gobernanza transparente del sistema económico.”

Otra pregunta que se hace Monreal, tiene que ver con su cálculo de que unas 14.000 PYMES pudieran surgir en corto tiempo en la isla, que hoy cuenta con apenas 1.807 empresas estatales y 257 sociedades mercantiles. Y donde, según la prensa estatal, más de 600.000 “trabajadores por cuenta propia” representaban ya desde 2018 más del 13% de la fuerza laboral ocupada del país.

“¿Cómo un esquema de planificación centralizada que no es efectivo para operar unas 2.000 empresas tendría la capacidad para asimilar un tejido empresarial siete u ocho veces mayor que el actual, en un plazo relativamente corto?”, plantea el economista cubano.

“Buenas noticias”, pese a incertidumbre

Ahora mismo, “cualquier cosa que nos dé espacio en el sistema económico, oportunidades de establecernos, crecer y mejorar nuestras condiciones de trabajo son buenas noticias”, comenta, por su parte, a DW la española radicada en Cuba Leire Fernández, cofundadora de Clandestina, primera marca de ropa cubana con ventas online, junto a la diseñadora cubana Idania del Río.

Aunque, obviamente, mientras no se publiquen los detalles de las nuevas regulaciones, predominan las dudas sobre “el carácter jurídico que nos van a asignar, el sistema de tributación, la contratación, las cuentas bancarias, el registro mercantil”, entre otros temas.

Y es que, hasta ahora, aunque el Gobierno cubano reconoce que las pequeñas empresas ya operan de facto, sin reconocimiento legal en la isla, eso solo es posible en un “régimen extraño”, en el que un trabajador autónomo subcontrata a otra legión de autónomos, explica Fernández.

Estas medidas no solo legalizarán lo que ya está funcionando, sino que tienen otras implicaciones prácticas, precisa el economista Torres. “Hay mucha legislación en Cuba que solo autoriza determinado tipo de transacciones si se hace entre dos entidades con personería jurídica. Y el trabajo por cuenta propia no lo tenía hasta ahora.”

Por el momento, los “cuentapropistas” cubanos necesitan la representación de una entidad estatal para desarrollar su actividad comercial: “Para importar y exportar, una empresa exportadora estatal nos da ese servicio pagado, en vez de poder hacerlo nosotros, más ágilmente. El registro mercantil nos daría la posibilidad de hacer contactos con proveedores, con clientes, y gerenciar nosotros mismos nuestro ciclo de importación y exportación”, ilustra la cofundadora de Clandestina.

Otra implicación práctica debe ser la separación del patrimonio personal del de la empresa, de cara a las obligaciones que adquiere su propietario. Eso se revierte en la posibilidad de ofrecer seguridad a potenciales nuevos socios, que aporten capital y permitan crecer a la empresa, amparados por la ley y no solo por la palabra de un trabajador autónomo que ni siquiera ha sido reconocido hasta ahora como empresa de cero empleados, como en otros países, indica Torres.

¿Resultado de las protestas del 11J?

Las actuales y aún poco claras medidas, largamente reclamadas por muchos economistas y emprendedores cubanos, llegan en medio de una grave crisis económica, sanitaria y política. Casi un mes después de las inéditas protestas públicas del 11 y 12 de julio pasado en más de 60 localidades de la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Pero -a diferencia de la circunstancial autorización de la importación de alimentos, aseo y medicamentos libres de aranceles por parte de viajeros- “en esto se viene trabajando hace rato”, reconoce Torres. “Ya la decisión estaba tomada”, dice, aunque sí parecería que “se aceleró su aprobación, que suele ser bastante dilatada y pasa por muchísimos niveles en Cuba, después de las protestas.”

Sea como fuere, es un paso “positivo” para la economía cubana, asfixiada por su propio modelo de planificación económica centralizada, el embargo económico de Estados Unidos (endurecido bajo los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden) y las consecuencias de la pandemia de coronavirus, coinciden expertos y emprendedores.

Aunque, “lamentablemente, es algo que se debía haber hecho cinco años atrás, cuando ya existía un mandato político” para ello, subraya Torres. “Llega a destiempo, retrasado. Y eso tiene un costo para el país: la crisis de hoy, en parte, es por todo lo que no se hizo en lo económico en los últimos diez años. Y esto es una parte de lo que no se hizo”, insiste. No obstante, es "mejor tarde que nunca", concede Torres.

“Quizás las protestas del 11 de julio pusieron el foco en la crisis, en el descontento y la inconformidad que mucha gente demostró”, concluye Del Río. “Nosotros siempre lo hemos dicho, creemos que el sector privado -los emprendedores, los cuentapropistas cubanos- son un motor importante en la economía del país. Y el país está entendiendo eso”, espera esta reconocida diseñadora de modas cubana. Pues “el 11 de julio demostró que sí hay muchos problemas, y que es importante escuchar y trabajar en ellos.”

(cp)