El Gobierno del aún presidente estadounidense Joe Biden anunció, entre otras medidas, la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a menos de una semana de ser relevado por otro Gobierno de Donald Trump, quien la incluyó en 2021. Al mismo tiempo, la isla anunció que liberará a 553 “presos por motivos diversos”. ¿Qué significan estas medidas y qué impacto tendrán a estas alturas?

¿Apenas “un gesto”?

De “mala praxis política” habla el analista John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EE. UU.-Cuba. “Cualquier beneficio obtenido por la administración Biden-Harris no vale la pena”, asegura en su boletín, pues aumenta la “atención negativa sobre Cuba” a las puertas de la administración Trump-Vance. Y las empresas estadounidenses no cambiarán su relación operativa con Cuba porque conocen “la fragilidad de las relaciones” entre ambos países, advierte.

“El impacto puede ser grande y puede ser nulo”, coincide el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, y codirector del think tank CubaxCuba. El próximo Gobierno de EE. UU. puede revertir la decisión y no implementar “absolutamente nada” de lo que significa. Ha sido “tomada a destiempo” y mantiene al pueblo cubano en medio de un “juego de ping-pong” entre los Gobiernos de Cuba y EE. UU., afirma.

Cuba señaliza así su disposición a la negociación quid pro quo, “tú me das algo y yo te doy algo”, observa el politólogo alemán Bert Hoffmann, director de la oficina de Berlín del Instituto GIGA de Estudios Regionales de Hamburgo. Pero, pese a que el equipo de Biden afirma que se coordinó con la administración entrante, se prevé que esta mantenga una “línea dura” con Cuba. En ese caso, todo quedaría en “un gesto, y los gestos son relevantes, pero no cambian gran cosa” más allá de la liberación de presos políticos en curso, acota.

Presos políticos liberados “sin garantías”

“Decepcionada” y “frustrada”, se dice Laritza Diversent, directora ejecutiva de la ONG Cubalex, que ofrece asesoría legal en Cuba, desde el exilio en Estados Unidos.

"Es buena noticia que personas que están privadas de libertad, sufriendo dentro de las cárceles en Cuba, sean liberadas, más si fueron apresadas de manera injusta”, concede. 

Sin embargo, el Gobierno cubano sigue sin reconocer que liberará a “presos políticos”, dice. Y ninguno de los dos Gobiernos informó con claridad quiénes serían, ni con qué criterio se habría elegido a 553 personas, de hasta más de 1.000 presos políticos registrados por diversas ONG.

Aunque la comunidad internacional lo ha normalizado, “esto no es normal, y menos si el Gobierno libera, pero no se compromete a eliminar la represión”, critica Diversent. No hay garantías de que los liberados no vuelvan a ser privados de libertad, de que esa “puerta giratoria” de la represión no siga girando.

La negociación política de la libertad de personas, vendida además como “humanitaria”, es una "práctica macabra”, que se ha extendido con matices a Nicaragua y Venezuela, desaprueba la jurista cubana. Y se trata de procesos sin participación de las víctimas o sus familiares, se negocia con su libertad sin tenerlos en cuenta, denuncia.

“Los presos políticos se han convertido en moneda de cambio. Y para el Gobierno cubano, en un negocio redondo”, sin que los negociadores les exijan obligaciones. Pero estas liberaciones “no son un acto de bondad, sino una obligación del Estado, más cuando se ha demostrado que la mayoría de los procesos fueron arbitrarios y sin garantías del debido proceso”, dice la directora de Cubalex.

Sin transparencia

Cuba inició hoy gradualmente “excarcelaciones” (que jurídicamente no son lo mismo que liberaciones). Pero, por el momento, la información sobre los liberados llega a cuentagotas a través de las redes sociales o la comunicación personal con familiares.

Y todo lo que altos funcionarios estadounidenses adelantaron a la prensa, en condición de anonimato, es que "docenas" de personas consideradas injustamente detenidas serán liberadas incluso al final de la administración Biden, al mediodía del propio 20 de enero. Entre ellos habría personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas en Cuba.

Así que la falta de transparencia sobre las negociaciones por parte de ambos Gobiernos priva de información a organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, para apoyar a los liberados en su rehabilitación física, psicológica y social, reclama la directora de Cubalex. Además, “se olvidan de que muchas de esas personas pueden verse forzadas a exiliarse”, agrega.

Lo que podría y lo que debería ocurrir

En el aún improbable caso de de la medida estadounidense -que aún no es efectiva- se mantuviera, podría aliviar las sanciones financieras que pesan sobre la isla, pues la inclusión en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo funciona como otro “embargo encima del embargo”, aclara la economista cubana Tamarys Bahamonde, del Centro de Estudios Latinoamericanos (CLALS) de la American University.

Otro efecto a largo plazo podría verse en el retorno de turismo europeo a la isla, si quienes la visitan dejan de verse restringidos de obtener el ESTA (o permiso electrónico para viajar a EE. UU.). Aunque para eso tendrían que retornar las aerolíneas que dejaron de volar a Cuba por falta de demanda, observa Ricardo Torres, otro economista cubano de la American University, en Washington.

Incluso, hay analistas que señalan que, si se alivia la grave crisis que vive la isla, se podría reducir la emigración hacia EE. UU., un efecto que podría ser valorado por el Gobierno de Trump, indica Bahamonde. Pero, para eso, Cuba necesita, además, “transformaciones domésticas”, matiza.

Por ahora, todo parece depender de lo que haga o deje de hacer el entrante Gobierno norteamericano. Y, de ese lado, independientemente de las justas demandas de libertades políticas al Gobierno cubano, debería cesar la “politización” de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que Cuba ha sido incluida y excluida, respectivamente, en las últimas dos semanas de las últimas dos administraciones estadounidenses, resalta Torres.

De lado cubano, “lo que debería ocurrir es que el Gobierno se siente a dialogar con el pueblo, que entienda que el pueblo es su principal interlocutor, y no el Gobierno de EE. UU.”, insiste su colega De Miranda. “Muchas cosas se resolverían si en Cuba se tomaran medidas -tanto políticas, como de política económica- hacia la democratización de nuestra sociedad, con independencia de lo que haga EE. UU. Cuando eso ocurra, vamos a ser realmente un país independiente, no antes”.

(cp)