En un documento anexo a la Declaración de Santa Marta (Colombia) se encuentra la nueva Alianza para la Seguridad Ciudadana. Esta prevé un fortalecimiento de la cooperación para intensificar la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas. Curiosamente, Venezuela no firmó la declaración.

"Hay que entender que esa declaración fue creada en consenso, pero hubo puntos inaceptables para Venezuela y no firmó. Siendo parte de la CELAC podrá sumarse en los aspectos que le interesen”, dijo a DW Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia.

Largo camino recorrido

Como fuere, "hoy nos hemos comprometido a reforzar nuestra cooperación en varios ámbitos, en particular, la seguridad, la salud, y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, a través de la cooperación policial y judicial, y siempre en el respeto de la legalidad internacional”, anunció el presidente del Consejo de la Unión Europea, António Costa, al momento de presentar la declaración conjunta al finalizar el primer día de la IV Cumbre UE-CELAC en Santa Marta. En el contexto geopolítico actual cabe poner atención a "siempre en el respeto de la legalidad internacional”.

Los ataques contra supuestas narcolanchas en la región del Caribe son la dramática prueba de que en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico las visiones internacionales difieren. Y mientras algunos preferirían investigar a los ocupantes de esas lanchas con supuesto cargamento ilícito y ponerlos, en caso tal, ante la Justicia, otros optan por la "mano dura” en la ya conocida "guerra contra las drogas”.

Detrás del anuncio de António Costa hay mucha labor institucional, de la academia y de la sociedad civil. En un informe de la Fundación Eu-Lat y el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), publicado en septiembre de 2025 con motivo de la cumbre de Santa Marta, se analiza la situación de las drogas, los puertos y otros desafíos, insistiendo en una estrategia integral y coordinada.

Hay que partir, así los especialistas, de que la distinción entre países consumidores y países productores de drogas ilícitas es artificial.  

Transparencia y corrupción, parte de la seguridad

En Santa Marta, durante el Foro de la Sociedad Civil, se puso como ejemplo la investigación #narcofiles: en uno de los casos presentados, la Fiscalía de Colombia había detectado que autoridades de México dejaban pasar cargamentos ilícitos rumbo a España, cuyo destino final era Holanda, donde eran procesados. La cooperación en la investigación por parte de las autoridades pertinentes de México se hizo esperar.

"El crimen organizado transnacional ha penetrado en las instituciones democráticas, ya no responden a los intereses de la ciudadanía sino a los de los criminales. El índice de corrupción es muy alto, las instituciones son débiles y el crimen organizado tiene mucho poder”, dice a DW Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparency International (TI).

"Operan en red, lavan el dinero a través de facilitadores, abogados, contadores, agentes inmobiliarios: gente que ayuda a que el dinero del crimen organizado se incorpore en la economía real. Desde TI estamos pidiendo que exista más acceso a los registros de los beneficiarios finales para saber quiénes son los dueños de las empresas quiénes están detrás, es fundamental para poder investigar y entender.”, afirma la especialista de TI, puntualizando que a menudo los gobiernos son reticentes a incorporar temas de corrupción y transparencia en las políticas de seguridad.

Cooperación entre 39 no entre 60

A este respecto, "el PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Internacional) intenta abarcar toda la cadena criminal, desde el sistema penitenciario hasta las Fiscalías; desde la investigación a cargo del Estado y la cooperación policial”, explica a DW Tobías Jung, secretario general de la FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas). 

"La cooperación técnica pública es vital para identificar focos de consumo, de producción. Estamos en el proceso de intercambiar información operativa para facilitar el trabajo policial para identificar a las personas en el crimen y luego poder hacer el trabajo judicial. Ha sido un proceso de años, pues al principio muchos países eran reacios a compartir información policial vinculada a sus ciudadanos”, añade el director de la FIAP.

En cualquier caso, aunque 58 países han firmado la declaración de la IV Cumbre UE-CELAC, donde se comprometen a intensificar su cooperación en materia de seguridad ciudadana, "el anexo específico sobre este tema es un asunto entre la UE y algunos países de América Latina”, explicó a DW Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de Integración Regional de la Cancillería de Colombia. Y añadió que "todos los países de la UE y doce países de América Latina y el Caribe se han sumado a esta renovada cooperación por la seguridad ciudadana”.

(cp)