"La nueva legislación del Pacto Verde para los productos de agricultura ecológica está pensada para el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y el planeta, hay que reconocerlo”, dice a DW Anneke Theunissen, coordinadora de CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo). 

"Pero los mecanismos para comprometer a las empresas europeas a coinvertir en los gastos adicionales que eso implica son bastante débiles. Y eso, de manera indirecta, se puede convertir en barreras y formas de exclusión”, afirma Theunissen, en Bruselas para participar en los foros alternativos de la Cumbre UE-CELAC.

Cabe recordar que las reglas europeas del Pacto Verde, aprobadas en 2018, entraron en vigor en enero de 2022; las prácticas de agricultura orgánica incluyen rotación de cultivos para el uso eficiente de los recursos, prohibición de pesticidas, límites estrictos para antibióticos, prohibición de organismos genéticamente manipulados (OGM), y, entre otras cosas, fertilizantes naturales.

Preocupaciones de los pequeños productores

 "Hay que pensar que, según la norma europea, un pequeño productor no tiene una parcela de más de 5 hectáreas. Pero ese tamaño no basta para la manera de producir que certificaría el sello europeo y no garantiza un ingreso digno para los pequeños productores”, sigue Theunissen. Entre las preocupaciones de los productores de CLAC está también la estructura que se exige ahora para las cooperativas.

"Solamente puede haber productores orgánicos y productores en transición hacia lo orgánico. No puede haber productores convencionales”, explica Theunissen. ¿Por qué? Según la información oficial, se trata de ser coherentes con la transparencia y evitar el fraude. Si una cooperativa tiene productores orgánicos y convencionales a la vez, las fronteras podrían ser porosas. 

El efecto de la búsqueda de transparencia

"Estamos hablando de café, cacao, caña de azúcar y banano de cooperativas con sellos Fair Trade. Muchos, no todos, combinan la certificación de "comercio justo” con el "orgánico”, explica la especialista de CLAC. Cabe recordar, que la UE es el segundo mercado mundial para estos productos.

Tener que cambiar la estructura legal de las cooperativas impacta fuertemente a los productores. "En América Latina y el Caribe, eso requiere de mucho tiempo, dinero y esfuerzo”, apunta Theunissen, manifestando cierto alivio porque, a costa de luchar, han logrado que se permita la certificación grupal, no de cada productor individualmente. 

El mercado quiere, ¿cómo se paga?

La Comisión Europea argumenta que para los productos de importación valen los mismos criterios que para los de origen comunitario. Uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo es conseguir que para el 2030, el 25 % de las tierras agrícolas de la Unión cumplan los criterios ecológicos. En este sentido, estimular la demanda de los productos va de la mano con garantizar la transparencia; estimular la conversión va de la mano con reforzar toda la cadena de valor.

Cabe recordar que más del 70 % de los europeos opina que los productos de agricultura ecológica son de mejor calidad, y el 70 %, que son más seguros. Según el Eurobarómetro (2022), el 88 % de los europeos piensa que la transición verde debe ser justa y no dejar a nadie atrás, y el 77 % siente la responsabilidad individual de actuar.

Pero no es solo la nueva certificación europea para productos de agricultura ecológica. Se viene también la certificación de que el producto que entre al mercado comunitario no provenga de zonas deforestadas; también que en su generación se hayan respetado los derechos humanos. Aunque hay fondos y talleres europeos enfocados a informar y adaptar a los socios en América Latina y el Caribe, según CLAC, la realidad en el campo está muy lejos de contar con la experticia y los sistemas de monitoreo para asegurar la calidad que los europeos requieren.

En cuanto al respeto de los derechos humanos -que incluye la prohibición de trabajo infantil en los productos-, ¿puede la plataforma CLAC garantizarlo? Theunissen responde: "Nuestro compromiso está y actuamos para proteger en situaciones de vulnerabilidad. Pero nadie puede garantizar que no haya trabajo infantil ni otras vulneraciones a los derechos humanos”.

No obstante, cabe recordar que el asegurar la "debida diligencia” es, en principio, responsabilidad de las empresas europeas. ¿Cómo se ve esto desde CLAC? "El precio que pagan sí impacta en la situación en la que nos encontramos; no es suficiente para vivir dignamente. Aunque Fair Trade pague una prima, la mayoría de las organizaciones no vende el 100% de su volumen bajo esas condiciones. Y no pueden asumir los costos que se avecinan”, responde Theunissen. "Los distribuidores, toda la cadena, tiene que asumir el costo real de los productos sostenibles para el planeta”, concluye.

(cp)