La policía chilena enfrenta un momento crítico. En la celebración de su día nacional, cuando cumple 93 años de existencia, la institución se encuentra fuertemente cuestionada. Si bien su función de orden y seguridad en medio de la pandemia de coronavirus le ha dado un respiro, su actuación en los últimos meses, marcada por la violencia represiva y las violaciones a los derechos humanos, terminaron por hundir una imagen que venía debilitándose.

Según la encuesta CADEM, la credibilidad de Carabineros durante el mes de febrero pasado llegó al 34%, el registro más bajo de esta muestra. Y de acuerdo con la encuesta CEP, mientras en agosto de 2015 la policía chilena tenía una aprobación de un 57%, en enero de 2020 ésta fue de sólo 17%.

¿Qué pasó con la imagen de la institución ordenada, disciplinada y sin los rasgos de debilidad que muestran otras policías del continente? "Hay una sucesión de hechos que evidencian mala conducta y falta de control adecuado respecto de esas conductas en la institución”, indica a DW Hugo Frühlig, director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.

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Entre los hechos que han llenado titulares en los últimos años está el llamado "Pacogate”, un fraude de gran escala de más de 35 mil millones de pesos (más de 37 millones de euros), que implicó la condena de varios oficiales, incluidos representantes el alto mando. Otro escándalo fue la operación "Huracán” y la manipulación de pruebas en contra de dirigentes mapuche, así como el caso de Camilo Catrillanca, también indígena, cuya muerte a manos de la policía se intentó encubrir.

La gota que colmó el vaso fue la violencia represiva y las violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros en las protestas ocurridas en Chile, a partir del 18 de octubre pasado. "Desde la dictadura que no veíamos a una policía que maltrataba y abusaba de las personas en la calle de una manera desproporcionada como lo hicieron durante los meses del estallido social”, dice Eduardo Vergara, director ejecutivo de Fundación Chile 21, en diálogo con DW.

Imágenes de vejaciones, disparos o golpizas, como la que recibió un adulto mayor, dieron la vuelta al mundo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta marzo de este año se contaban 3838 personas heridas y, entre ellas, 460 con heridas oculares, muchas de ellas producto de disparos de perdigones y balines. La actuación de la policía actuación frente a los manifestantes "es una muestra evidente de la falta de capacidad de Carabineros para controlar el orden público sin causar violaciones a los DDHH”, observa Frühling.

Una crisis más larga y profunda

El estallido social dejó en evidencia los problemas de formación y la falta de profesionalismo y capacidad de Carabineros para resguardar el orden, algo que algunos críticos y académicos venían denunciando. "La policía chilena está desactualizada en al menos 20 años. Gracias a que por mucho tiempo gozó de altos niveles de aprobación y fue vista como la mejor policía de América Latina se transformó en una institución intocable, que la clase política no tuvo el coraje de cuestionar ni reformar”, apunta Vergara.

La buena imagen pública ocultó los problemas de fondo que se venían arrastrando, desde corrupción hasta abuso policial, al tiempo que la revisión y sanción de muchos de los delitos y malas prácticas eran derivadas a sumarios internos.

"Si le piden a una institución gravemente deslegitimada, con bajos nivel de aprobación y que comete violaciones a los DDHH que ella misma se evalúe y haga sus sumarios, nos encontramos con un círculo vicioso que impide que la verdad salga a la luz y se haga justicia”, advierte Vergara.

Reformas urgentes ante amenaza de un nuevo estallido

El pasado 17 de marzo el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de reforma de Carabineros, que recoge propuestas de una comisión de diferentes sectores políticos y académicos y pone el foco en temas como derechos humanos, transparencia y modernización.

En opinión de Frühling, ésta debe ser una reforma de estado, independiente del gobierno de turno y de los vaivenes de las encuestas. Debiera apuntar a temas administrativos, como el manejo de dinero, probidad y transparencia, y también formativos. "Deben mejorar el entrenamiento policial y los filtros necesarios para la selección de quienes ingresan”, subraya Vergara.

Asimismo, revisar la distribución de la dotación en el territorio y la forma en cómo se mide el éxito o la efectividad, hasta ahora centrado en los delitos de mayor connotación social, que son los de pobres a ricos.

Frühling destaca la necesidad de "mejorar el gobierno civil de la policía, creando un ministerio de seguridad pública que dirija la actuación policial y la lucha en contra del delito, y avanzar en una institución que tenga un compromiso fundamental con la ciudadanía”.

El director de INAP considera fundamental "fortalecer el control interno de la mala conducta policial, estableciendo una dirección de asuntos internos que tenga independencia y autonomía profesional para investigar. A nivel de formación, reducir la distancia entre suboficiales y oficiales”.

Los expertos coinciden en que el proceso será largo y demorará varios años. En tanto, es urgente adoptar algunas medidas inmediatas. Entre otras, "avanzar en el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre auditoría externa a Carabineros y normas sobre transparencia y acceso a reclamo ciudadano”, dice Frühling.

Urgente también es reformar el control de la mala conducta policial en sus reglamentos de disciplina y modificar la actuación frente a manifestaciones y protestas. En ese sentido, Vergara insiste en que "el gobierno es responsable de que Carabineros cumpla su mandato y respete los DDHH”.

El intercambio con policías extranjeras, como la alemana, que ha prestado asesoría en temas de manejo de multitudes y control de actos masivos, es también un aporte. Sin embargo, advierten que se trata de cuestiones tácticas, que no deben ocultar los necesarios cambios profundos en el rol y la cultura de la organización.

El proceso está en marcha, pero una vez que las restricciones por el coronavirus se levanten, Carabineros enfrentará una nueva prueba. "La crisis social post pandemia va a ser mucho mayor que la que llevó al estallido social en octubre pasado. La gran lucha ciudadana podría venir en los próximos meses y con una policía que no ha sido capaz de reformarse es muy probable que veamos mayores niveles de violaciones a los DDHH y mayor pérdida de legitimidad”, advierte Vergara.

(jov)

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