La Unión Europea considera ilegítimo el gobierno resultante de las últimas elecciones en Nicaragua. Y, según declaraciones, tiene la intención de poner más presión aún para aportar a abrir el camino hacia nuevas elecciones, con presencia de la oposición. Esta semana, los 27 ministros de Exteriores de la UE trataron el tema. No ha trascendido más. Sobre qué forma debería tener esa mayor presión, hay opiniones divergentes.

"En todas las instancias de la UE con las que he hablado, se me asegura que van a seguir apoyando al pueblo nicaragüense”, dijo a DW Amaru Ruiz, medioambientalista nicaragüense en el exilio en Costa Rica. Ruiz, presidente de la Fundación del Río y observador de las negociaciones contra el cambio climático, está de gira por Europa para difundir la grave situación de los indígenas y afrodescendientes, ligada al deterioro medioambiental en su país.

"En la cumbre de Glasgow asistimos al discurso del gobierno de Nicaragua: promete proteger los bosques cuando es el país que más rápido deforesta en el mundo y cuando el presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente corresponde al 0,2% del PIB. ¿Dónde está el interés del gobierno, en la protección del medio ambiente o en el dinero que ello implica?”, plantea Ruiz.

Fondos sí, con mayores condiciones

En su opinión, todo desembolso de esos fondos internacionales, en este caso "verdes”, debería estar condicionado al respeto de los derechos de los nueve pueblos indígenas nicaragüenses, que habitan los bosques amenazados por los proyectos mineros y agropecuarios. "Hemos acudido, con nuestras denuncias por violaciones a los derechos humanos a todas las instancias nacionales e internacionales. No funciona. Donde hay que presionar y donde funciona, es donde están los ´reales´”, afirma.

En ese mismo tono se expresaron en una sesión de la Delegación para las Relaciones con América Central del Parlamento Europeo, representantes de la prensa y la sociedad civil nicaragüense. En su opinión, los créditos de instituciones de desarrollo al gobierno de Nicaragua no hacen más que darle oxígeno adicional. Y deberían ser cortados.

Cerrar el grifo

Por otro lado, unas voces en la Eurocámara abogan por suspender el Acuerdo de Asociación (ADA). Pero hay que recordar que del ADA -con un pilar de comercio, otro de cooperación y un tercero de diálogo político- solo está en vigor el primero. Otros están a favor de cortar toda cooperación con el país centroamericano.

Según explican a DW fuentes europeas, los fondos para la cooperación al desarrollo, ya en 2009, dejaron de incluir ayudas presupuestarias al gobierno de Nicaragua. Desde entonces, son solo organizaciones de la sociedad civil e internacionales las que reciben los fondos de la cooperación europea. Sobre los campos de cooperación en el período que empieza (2021-2027) aún se está negociando. De un "cierre del grifo” no se habla. Hasta hace poco, la suspensión del acuerdo comercial -que involucra a seis países con una economía muy imbricada- no se consideraba.

"Es importante diferenciar entre las sanciones que puedan ponerse a un gobierno ilegítimo y sancionar a través de la ausencia de cooperación”, enfatiza Ruiz. "Las organizaciones de la sociedad civil -el tercer sector de la democracia, como lo entiende Europa- necesitan apoyo. Más aún en estos momentos. Irse sería muy cómodo. Tenemos ejemplos anteriores. ¿Cómo funciona la cooperación con Venezuela? A través de Colombia. Es decir, hay que cooperar aplicando estrategias para no darle fluidez al régimen”, agrega. En efecto, según información oficial, en 2018 la UE introdujo salvaguardas adicionales para su fondos de cooperación en Nicaragua, principalmente en términos de mayor vigilancia y seguimiento para evitar apoyar al gobierno en sus medidas represivas.

Como fuere, ideas para ejercer presión no faltan, pero aún no existe -por lo menos públicamente- un plan oficial europeo para ejercer más presión urgiendo hacia una transición democrática. "Está bien que en Bruselas se hable de nuevas elecciones y de presos políticos”, comenta Amaru Ruiz. "Pero, ¿cómo es posible que a un país que deforesta y mata indígenas se le aprueben fondos verdes?”, plantea el medioambientalista nicaragüense, exiliado en Costa Rica.