Las dictaduras del siglo XX han aumentado la sensibilidad hacia el tema de la protección de datos en Alemania. Esto se hace particularmente evidente cuando el Estado desea recopilar más información. Durante semanas, muchos alemanes han debatido sobre los datos que debían entrar en la aplicación sobre el coronavirus del gobierno federal (Corona Warn-App). Al final se llegó a un acuerdo mínimo: datos, sí, pero con la condición de que todo sea almacenado de forma anónima y descentralizada.

Datos de los extranjeros acumulados de forma centralizada

Por eso es tan polémico el proyecto de ley del Ministerio del Interior, que se presentará esta semana en el Bundesrat, el órgano de representación de los dieciséis estados federados. Este prevé la recopilación de datos sobre los extranjeros que viven en Alemania en un archivo central, incluyendo, en algunos casos, información personal muy sensible, como la orientación política y sexual. Los expertos advierten que esto podría suponer un peligro para los afectados.

El Registro Central de Extranjeros (AZR), la base de datos que se va a ampliar, ya existe. Todos los extranjeros que permanecen en el país durante más de tres meses tienen un expediente en él. En el caso de los refugiados, se almacena información adicional, como huellas dactilares e información sobre el estado de salud. La nueva ley añadiría, entre otras cosas, los domicilios en Alemania, el número de identificación extranjero, así como los expedientes de asilo y las decisiones judiciales sobre el procedimiento de asilo.

Hasta el momento, esa información siempre fue gestionada por las aproximadamente 600 autoridades locales de extranjería. Ahora se trasladará al registro central, donde estará a disposición de una larga lista de autoridades. Entre ellas, las oficinas de empleo, la Policía federal, la Oficina Federal de Policía Criminal y las oficinas de asistencia a los jóvenes. Habría unos 150.000 órganos del estado autorizados a acceder a esa información que podrían ver los detalles más íntimos de una persona con poco esfuerzo.

Thilo Weichert, de la Asociación Alemana de Protección de Datos, dice que, en principio, no es malo avanzar en la digitalización, también en el caso de los datos de los extranjeros: Los procedimientos de asilo suelen retrasarse cuando las personas se desplazan. Los expedientes se intercambian entre las autoridades por correo y se pierden. Una base de datos centralizada lo evitaría.

Expertos advierten de los peligros

Pero Weichert, al igual que numerosos expertos, organizaciones benéficas, asociaciones LGBTIQ, expertos en protección de datos, e incluso algunos funcionarios administrativos, consideran que la ley es desequilibrada y defectuosa. Pocas veces los especialistas en el tema han demostrado tanta unanimidad como en la audiencia de expertos del 3 de mayo de este año: según ellos, el proyecto se había centrado en el beneficio para las autoridades, pero muy poco en los derechos de los afectados. No tendrían la posibilidad de saber lo que ocurre con sus datos y quién accede a ellos.

"También supongo que los servicios secretos de los Estados perseguidores de sus ciudadanos también tienen empleados en organismo de las autoridades alemanas", dice Weichert a DW. Con el Registro Central de Extranjeros, "los datos de las personas perseguidas políticamente les serían entregados en bandeja de plata" porque apenas hay control oficial sobre quién podrá tener acceso a esas informaciones.

A pesar de todas las críticas, los partidos gobernantes de la gran coalición, la Unión Demócrata Cristiana (CDU)/Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), quieren que la ley se apruebe en el Consejo Federal (Bundesrat) antes de que finalice la legislatura, en el otoño boreal. En mayo de 2021 ya se aprobó en el Parlamento federal, con los votos del SPD, en parte reticente.

(gg/cp)