En todo Brasil y más allá de sus fronteras, 88 organizaciones criminales realizan actividades ilícitas continuas para obtener ganancias, según un informe de inteligencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Casi todas tienen presencia tanto en las calles como en las cárceles, poder financiero y estructuras jerárquicas.

Comando Vermelho (CV), junto con Primeiro Comando da Capital (PCC), es una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil. Fue el objetivo de la megaoperación que dejó decenas de muertos esta semana en Río de Janeiro, la más sangrienta jamás realizada en el estado.

Según expertos, el grupo ha expandido sus operaciones tanto en el estado de Río de Janeiro, donde se originó, como a nivel nacional. De acuerdo con la prensa carioca, en los últimos cuatro años, el CV ha implementado un plan para expandir su dominio, incluso tomando el control de áreas controladas por milicias (grupos paramilitares, generalmente conformados por agentes o exagentes del Estado, como policías, bomberos y guardias penitenciarios).

Expansión de las bandas

Ya no existe ningún estado brasileño libre de la influencia del CV, el PCC u otras organizaciones criminales. En las últimas cinco décadas, se han multiplicado, han ganado influencia y han forjado alianzas o enemistades en la lucha por el territorio.

Actualmente, el Nordeste es la región con mayor número de organizaciones criminales conocidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP): 46 fueron identificadas entre 2022 y 2024. Le siguen el Sur (24), el Sudeste (18), el Norte (14) y el Centro-Oeste (10).

El crimen organizado subsiste principalmente gracias al narcotráfico, así como al robo de carga, el robo a mano armada, el fraude, la extorsión, el lavado de dinero y el control de territorios y servicios. En la Amazonía, el PCC y el CV también estarían expandiendo su participación en la minería ilegal, incluso en campamentos dentro de tierras indígenas.

Estructuradas en redes de bandas o pandillas, las organizaciones criminales comparten símbolos de pertenencia y a menudo mantienen sus propias ideologías o estatutos. Se enfrentan directamente con las autoridades —desobedeciendo las leyes y participando en acciones violentas contra agentes del Estado—, organizan fugas de prisión y promueven rebeliones carcelarias.

Origen en las cárceles

Tras años de expansión por todo el territorio brasileño, tanto el CV como el PCC cuentan con miembros en cárceles de todos los estados, según un levantamiento del Gobierno federal, con la excepción de Rio Grande do Sul. En Rio Grande do Sul, predominan las organizaciones Bala na Cara, formada en 2005, y Os Manos, cuyos primeros indicios datan de la década de 1980. 

Las primeras bandas surgieron dentro de las cárceles en la década de 1970. Divididos en grupos, los presos exigieron mejores condiciones a las autoridades —incluido el fin de la tortura y los malos tratos—, garantizaron la protección de sus aliados, crearon normas de convivencia y profesionalizaron lo que, hasta entonces, era la actividad delictiva de grupos más pequeños.

En 1979, surgió la Falange Vermelha, que posteriormente daría origen al Comando Vermelho, en la antigua prisión de Cândido Mendes, en Ilha Grande. El grupo se formó cuando presos comunes y políticos, militantes de grupos armados opositores a la dictadura militar, comenzaron a coexistir. Los años siguientes se caracterizaron por la expansión del poder de la recién formada organización, impulsada por el narcotráfico de cocaína.

Más tarde, en 1993, nació el PCC en el Centro de Detención de Taubaté, en São Paulo, entre otras razones, para evitar la violencia estatal, como la ocurrida en la masacre de Carandiru, que dejó 111 muertos en 1992. Hoy en día, la mayor organización criminal del país cuenta con aproximadamente 40.000 miembros.

Influencia en el extranjero

Hoy enemigos —aunque fueron aliados en la década del 2000—, el CV y ​​el PCC son las únicas organizaciones criminales brasileñas que, según el mapeo del Gobierno federal, tienen influencia en el extranjero, particularmente en Sudamérica. De los otros 86 grupos, 72 operan exclusivamente en sus estados de origen y 14 tienen presencia en más de un estado o región de Brasil.

Según datos de la Fiscalía de São Paulo obtenidos en junio por el portal g1, se estima que el PCC cuenta con 2.000 miembros en 28 países. La mayoría opera dentro de las cárceles, reclutando nuevos miembros, lavando dinero y traficando drogas y armas.

O Globo informó este año que las autoridades del Gobierno del estado de Río de Janeiro y de Estados Unidos estaban trabajando en un acuerdo para combatir conjuntamente al CV. La organización mantiene vínculos con cárteles sudamericanos y mexicanos con penetración en territorio estadounidense, informó el periódico.

Redes fuertes, treguas frágiles

Las dos organizaciones criminales más grandes del país acordaron un cese al fuego en febrero de 2025 para fortalecer sus actividades y armamento. La tregua alarmó a las autoridades y puso fin a casi una década de violentos enfrentamientos, disputas por las rutas de contrabando y tomas de territorio, especialmente en el norte y el noreste, según explicaron investigadores del Observatorio de Seguridad Pública.

Pero la paz duró apenas dos meses, reanudando la guerra que estalló en 2016 por el control de un importante corredor de narcotráfico en Sudamérica. Brasil registró en 2017 un récord anual de homicidios: más de 65.000, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), cifra que los expertos asocian a los enfrentamientos entre el PCC y el CV. Este récord aún no se ha superado. El último dato registrado es de 45.000 homicidios en 2023.

"En aquel entonces, el PCC consolidó su dominio en las rutas del centro-oeste brasileño, desplazando las operaciones del CV hacia el norte, donde intensificó las alianzas, los conflictos y los acuerdos con bandas y otros grupos de origen regional", explica un informe de 2023 publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Desde entonces, ambas organizaciones han invertido en su internacionalización y en el fortalecimiento de nuevas rutas de narcotráfico, como la del río Solimões, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Otros grupos de países vecinos también operan en la zona, incluyendo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un estudio realizado este año por investigadores de universidades estadounidenses estimó que entre 50 y 61 millones de personas en Brasil viven bajo el control de organizaciones criminales. Esta cifra corresponde aproximadamente a una cuarta parte de la población del país y es la más alta de América Latina, según los datos recopilados en la investigación.

(rml/ms)