Los perros de Javier Milei son la nota de color en una noticia que tiene tintes más oscuros: un reciente decreto establece nuevos límites al derecho a acceder a la información pública, que hasta ahora estaba garantizado en Argentina por la Ley de Acceso a la Información 27.275.

Otros países de la región disponen de una legislación similar en este tema: "Son leyes importantes, que tienen un impacto positivo para las democracias”, dice a Deutsche Welle Artur Romeu, director de la Oficina de Reporteros sin Fronteras para América Latina. Suponen una herramienta fundamental para lograr transparencia en los asuntos públicos y para luchar contra la corrupción. Además, facilitan el trabajo de los periodistas a la hora de recabar información, aunque cualquier ciudadano puede hacer uso de ellas.

La vida privada del presidente

Es bien conocida la devoción que Javier Milei siente por sus "hijitos de cuatro patas”, varios mastines clonados de Conan, su perro fallecido hace años. A juzgar por las quejas de funcionarios del Gobierno, estas mascotas suscitan mucha curiosidad ciudadana, ya que se reciben numerosas consultas relacionadas con ellas y sobre quién ingresa en la quinta presidencial de Olivos.

¿Tropieza el derecho ciudadano a recibir información con el derecho humano a la privacidad de una persona, en este caso, de Milei? "Quién entra a visitar al presidente es información pública, nos importa saber quién entra a visitar al presidente”, dice tajante Eugenia Braguinsky, profesora en la Universidad de Buenos Aires y exdirectora de la Oficina de Acceso a la Información Pública. De hecho, fue el mecanismo de indagación pública previsto por la ley el que permitió conocer las visitas recibidas por el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia, lo que supuso un enorme escándalo en el país.

"Es información pública si hubo reformas en la Quinta de Olivos para los perros, de qué constaron esas reformas, quién cuida a los perros del presidente y cómo se le paga. Son datos vinculados a los perros que son información pública porque la Quinta de Olivos es del Estado y los gastos de la vida del presidente son pagados por el Estado”, prosigue Braguinsky. La experta recalca que, cuando uno pasa a ser funcionario público y tiene responsabilidades de presidente, "su vida privada queda muy limitada”.

Críticas al nuevo decreto

El recién publicado decreto 780/2024 que modifica la Ley de Acceso a la Información ha cosechado infinidad de críticas desde su publicación en el Boletín Oficial, el lunes (2.9.2024). Opositores y decenas de organizaciones no gubernamentales advierten de una seria regresión del derecho de acceso a la información según los estándares internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Un comunicado emitido por la fundación Poder Público va más allá, argumentando que "la información se presume pública y el secreto es la excepción”.

Para Eugenia Braguinsky, el decreto supone una "restricción muy fuerte”. "Cambian el espíritu de la norma y vuelven de manera discrecional la entrega de información”, dice a DW. Hay cosas que deben quedar en terreno confidencial, como los datos sobre la seguridad nacional o de defensa, información comercial vinculada a patentes, datos bancarios o personales de diversa índole, pero la ley 27.275 ya contempla excepciones, y además "sus resoluciones se van viendo de forma casuística”, dice la experta. "Se trata de un desprecio por la información pública, por la rendición de cuentas, por informar a los periodistas”, valora la politóloga.

Agresividad hacia la prensa

Lo cierto es que la relación de los periodistas con el presidente argentino dista de ser idílica: la prensa ataca a Milei y Milei ataca a la prensa. Desde que era candidato, son frecuentes sus ataques contra los periodistas, a los que acusa de calumniar, insultar e incluso extorsionar.

En una reciente entrevista en el canal La Nación+ volvió a las andadas tras ser preguntado por qué no da conferencias de prensa: "Voy a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad. Antes tenían el monopolio del micrófono, ahora la comunicación está verdaderamente democratizada”, dijo Milei, refiriéndose al uso de las redes sociales.

En un contexto de conflicto permanente con el sector de la comunicación, el nuevo decreto pone trabas a la labor periodística. Si los funcionarios tienen muchas opciones para negar o demorar la información, "eso afecta al trabajo periodístico": "Todo aquel que critica al Gobierno puede ser acusado de corrupto. Y si el periodista es oficialista, es objetivo y bueno”, dice a DW Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral y consejero académico de CADAL. Para Ruiz, hubiera sido más constructivo convocar a las organizaciones expertas para dar su opinión previa sobre la nueva reglamentación.

Pero Argentina no es un caso aislado en la región al restringir el acceso a la información pública. "Bolsonaro hizo algo muy similar, intentó con arbitrariedad fragilizar una ley que estaba muy bien constituida desde 2011”, dice Artur Romeu, de Reporteros Sin Fronteras. "Son pasos atrás para la cultura democrática y el acceso a la información en América Latina”, lamenta Romeu.

(cp)