Se desata la tormenta: el nuevo gabinete español anuncia el cese de las ayudas destinadas a ex prisioneros políticos cubanos acogidos en España entre 2010 y 2011 mediante acuerdo entre el Gobierno cubano y el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; familias enteras son desalojadas por no pagar el alquiler; se suicida en Islas Canarias, agobiado por su situación económica, uno de los exprisioneros: Albert Santiago Dubouchet Hernández; 40 desterrados acampan frente al Ministerio de Exteriores en Madrid y el Ministro José Manuel García-Margallo anuncia que se buscarán soluciones. 

Los voceros de la protesta en Madrid, encabezados por Juan Antonio Bermúdez, dicen ser conscientes de que es complicado pedir ese apoyo “cuando hay 5,2 millones de españoles desempleados, el 23 por ciento de la población activa de este país”, y que en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2012 una de las partidas más recortadas es la destinada a cooperación y ayuda al desarrollo, con una reducción de 1.389 millones de euros.

Situación difícil desde el comienzo

“Nuestra situación ha sido difícil desde el mismo momento en que el Cardenal Jaime Ortega Alamino, mediador entre los prisioneros, el régimen y el Gobierno de Zapatero, nos comunicó que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos había firmado este acuerdo con Raúl Castro”, dijo a Deutsche Welle desde Berlín el periodista Ricardo González Alfonso, uno de los excarcelados, invitado a la 40 Asamblea de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.

Como se supo después, el Gobierno cubano condicionó la libertad de los presos políticos a que aceptaran abandonar la isla y el gobierno español se comprometió a darles ayuda social a través de la Cruz Roja Española, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y la Comisión Española de Ayuda a Refugiados.

Los desterrados fueron trasladados de sus celdas a los aviones que los conducirían a España, sin poder despedirse de los familiares que quedaban en Cuba. Y ya en Madrid comenzaron los problemas: demoras en los procesos migratorios y concesión de las ayudas, hacinamientos, retardos absurdos en la legalización de documentos para buscar trabajo… hasta el punto de que gran parte decidió solicitar un cambio de asilo hacia Estados Unidos.

Sin la opción de retornar

“Los emigrantes de otras nacionalidades tienen la opción de retornar a sus respectivos países, nosotros no”, agrega González Alfonso, “he sostenido conversaciones con altos cargos en el Gobierno español, y hace unos dos meses prometieron prolongar la ayuda. Ahora hablan de facilitarnos trabajo, lo cual por supuesto es mucho mejor, sea cual sea el empleo que nos ofrezcan”. En ese sentido, la Secretaría de Estado de Cooperación e Iberoamérica ha realizado ya una primera reunión para intentar ayudarles a convalidar títulos profesionales y, en general, tratar de facilitarles la búsqueda de un empleo.

 “¿No existe un presupuesto de la Unión Europea para  estos casos?”, se pregunta González Alfonso. “También sería justo recordar que de acuerdo con lo establecido en el BRAO, el documento firmado en La Habana por cada uno de los expresos, la ayuda se extendería hasta 24 meses en caso de vulnerabilidad económica y no a 18 meses como expresan diferentes medios”.

Autor: Amir Valle

Editor: Pablo Kummetz