"No nos vemos como propietarios del arroz, sino como socios simbióticos y como una entidad paralela a nuestro creador”, señala Frank Bibeau, un abogado que pertenece al pueblo anishinaabe, un grupo indígena de Estados Unidos y Canadá.

Los cosechadores utilizan palos para trillar el arroz silvestre, conocido como manoomin por los anishinaabe, y esparcir el grano por el aire. "Una buena parte del arroz se esparce en todas las direcciones y se vuelve a sembrar. Alrededor de la mitad o un poco más se almacena como alimento”, explica Bibeau. "De este modo, creamos una resiembra natural, de la cual formamos parte”.

Buscando formas para bloquear un oleoducto, que se construirá en el ecosistema de los Grandes Lagos (un grupo de cinco lagos situados entre EE.UU. y Canadá), Bibeau ha redactado una legislación que otorga al arroz silvestre sus propios derechos bajo la ley tribal. Este es un lugar donde la población local y el arroz han prosperado juntos durante generaciones.

Según el Fondo Comunitario de Defensa Jurídica Ambiental (CELDF, por sus siglas en inglés), que asesoró a Bibeau sobre la legislación, el manoomin es la primera planta del mundo a la que se le ha concedido derechos propios. Pero ya existe un número creciente de ríos, bosques y formaciones de la naturaleza, que están protegidos por leyes de "derechos de la naturaleza” en todo el mundo.

Enfoques indígenas en la legislación

"Las leyes ambientales convencionales tratan realmente de regular cómo usamos la naturaleza”, dice Mari Margil del CELDF. "Las consecuencias han sido tan devastadoras que la gente en diferentes partes del mundo promueve un cambio fundamental en nuestra relación con la naturaleza”, explica.

Los políticos y las organizaciones medioambientales reconocen que los pueblos indígenas son los guardianes más fieles de nuestro planeta. Una gran mayoría de la sociedad también aboga por conceder derechos a la naturaleza.

Con este espíritu, Ecuador se convirtió en el primer país en consagrar los derechos de la naturaleza, personificada como Pachamama, la diosa andina de la tierra, en su constitución, en 2008. Desde entonces, Bolivia y Uganda ya han incluido los derechos de la naturaleza en sus constituciones, y existen enfoques similares en Suecia.

Una relación más saludable con la naturaleza

Atribuir derechos a la naturaleza no es solo un instrumento para procesar a los contaminadores. También es un desafío para aquellos que ven el ecosistema como un proveedor de servicios, considerando que el aire y el agua limpios, la biodiversidad o incluso las reservas naturales son bienes que deben tener un valor. 

La tierra que rodea el río Whanganui en Nueva Zelanda, que está protegida como parque nacional, se encontraba fuera de los límites de la tribu maorí Iwi, aunque esta había cazado y pescado allí de manera sostenible durante generaciones. En 2017, el conflicto se resolvió declarando el río como una entidad jurídica independiente, que no era ni propiedad del Estado ni del pueblo indígena.

La profesora de derecho maorí Jacinta Ruru, considera un gran avance que la ley neozelandesa refleje ahora la relación de los pueblos indígenas del país con el medio ambiente, una relación que no ve ninguna división entre lo que es bueno para la gente y el planeta.

"Mi gente habla de ‘venas en los brazos' refiriéndose a los ríos del país”, explica Ruru. "Entendemos la salud y el bienestar de las personas, nuestra propia felicidad, como algo totalmente conectado con la salud y el bienestar del medio ambiente que nos rodea”, explica.

Compromiso estratégico

Según Ruru, es demasiado pronto para evaluar el impacto ecológico de la nueva situación legal del río Whanganui. Asimismo, queda por ver si los derechos del Manoomin serán más relevantes que los intereses invertidos en el oleoducto.

En el caso de Ecuador, la nueva Constitución se ha empleado para proteger los bosques en los que se pretendía construir carreteras o establecer plantaciones. Pero no ha sido suficiente para transformar todo un sistema basado en el beneficio económico. Muchos de los casos presentados por los pueblos indígenas contra las empresas no se han resuelto satisfactoriamente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas.

Los críticos señalan que declarar los ríos y los bosques como entidades jurídicas está más en consonancia con los sistemas jurídicos occidentales que con los estilos de vida de los pueblos indígenas.

"Existe una relación estratégica entre los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza”, dice Mihnea Tanasescu, politólogo y autor de un libro sobre el tema en Ecuador. "Pero no hay necesariamente una afinidad filosófica intrínseca, porque los derechos como tales son una categoría jurídica muy occidental”, aclara.

Michelle Maloney, de la Alianza Australiana para las Leyes de la Tierra, está elaborando una legislación basada en las tradiciones aborígenes para regir todos los derechos relacionados con la tierra. "El concepto de persona jurídica está ganando fuerza ahora mismo en todo el mundo”, dice, porque "el abogado occidental promedio ve esto como un constructo”.

Los ríos Ganges y Yamuna tienen ahora personalidad jurídica, al igual que cientos de ríos de Bangladesh. Mientras tanto, el poder judicial colombiano ha dictaminado repetidamente que los derechos de los ríos y de los bosques han sido violados por la contaminación y la tala.

Estos derechos se basan en ideas indígenas locales concretas. Sin embargo, fue una sociedad con sede en EE.UU. la que cambió los derechos naturales en todo el mundo con sus proyectos de ley. El CELDF trabajó en la primera ley de derechos de la naturaleza del mundo, una ordenanza local para detener el vertido de residuos tóxicos en Pensilvania en 2006. Según Margil, desde entonces ya se han aprobado cerca de 40 proyectos de ley de derechos de la naturaleza en EE.UU. Muchos de ellos son iniciados por activistas sin vínculos con los indígenas, frustrados por un sistema jurídico que no reconoce el daño a la naturaleza como un delito hasta que afecta a la salud o a los medios de vida humanos.

Un cambio de discurso

El año pasado, uno de esos casos llegó a los titulares internacionales. La población de Toledo, una ciudad a orillas del muy contaminado lago Erie en Norteamérica (que también forma parte del ecosistema de los Grandes Lagos), votaron a favor de otorgar al lago sus propios derechos. Una granja cercana se opuso presentando una demanda y alegando que esto violaba los derechos de las empresas agrícolas, cuya escorrentía había contaminado las aguas del lago.

Desde que la ley fue rechazada por los legisladores de Ohio, los activistas tratan de reactivar el caso y sacarlo del limbo jurídico. Aunque sus protestas no sean efectivas, su lucha evidencia las prioridades de un sistema jurídico que trata la naturaleza como propiedad y solo reconoce a las empresas como entidades jurídicas.

"La gente a menudo no piensa en estos sistemas invisibles que gobiernan nuestro mundo”, critica Maloney. "Así que como punto de partida y como un cambio de discurso, los derechos de la naturaleza pueden ser muy poderosos”, concluye.

(ar/er)

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