El Congreso de Guatemala levantó este martes (01.09.2015) el fuero al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, con lo cual el mandatario podría ser llevado a juicio bajo la acusación de encabezar una red de corrupción aduanera conocida como “La Línea” (los cargos formales son asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera). Pero el episodio aún dista de concluir. César Calderón, abogado de Pérez Molina, indicó que el presidente se pondrá a disposición de la Justicia a través de la entrega de un memorando al Juzgado B de Mayor Riesgo.

Además, una vez consumada la aprobación del desafuero en el Congreso, éste debe regresar el expediente del caso a la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal determine quién será el juez encargado de conducir el proceso contra Pérez Molina. Hay otros pasos por cumplir: “Una corte deberá decidir si el presidente es apto para desempeñar su función, y si debe enfrentar juicio”, afirma en un reporte al respecto el think-tank estadounidense WOLA (Washington Office on Latin America).

“La decisión parlamentaria sobre el desafuero fue sorpresiva, pues hasta el último momento no estaba claro si se lograría la mayoría requerida”, dice a DW Sabine Kurtenbach, del Instituto de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. Sin embargo, señala la experta, el resultado de la votación parlamentaria no constituye por sí mismo un cambio de rumbo en la política del país. “A mi entender, se origina más bien en el cálculo político de algunos diputados que pretendieron distanciarse del presidente a unos días de las elecciones generales”.

El papel de la sociedad

La movilización que desde hace meses pide el fin de la corrupción y exige la renuncia de Pérez Molina “es un ejemplo admirable de participación y civismo”, dice a DW desde Guatemala Javier Brolo, de la organización civil ASIES (escuche la entrevista completa en el audio abajo). La protesta “ha sido determinante para que la clase política se sienta obligada a atender las demandas ciudadanas, ya que las decisiones del Estado habían ignorado al ciudadano”, asegura el especialista.

Por su parte, Kurtenbach evalúa así los alcances de las protestas: “Los manifestantes aún no han logrado imponerse. Hasta el momento, el presidente no ha renunciado, ni ha sido destituido. El hecho de que desde abril se hayan producido manifestaciones masivas responde a que las acusaciones de corrupción ya no se limitaban al ámbito público como rumor o suposición, sino que se fundamentaban en evidencias relevantes desde el punto de vista penal, presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público”. Tal fue el trasfondo tanto del desafuero del presidente guatemalteco, como de la prisión preventiva decretada por la Justicia contra la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, considera Kurtenbach.

Aunque los casos de Baldetti y Pérez Molina son los más visibles, “el logro ciudadano consiste en haber devuelto la capacidad al Estado para poder encontrar a quienes violentan la ley, sin importar el cargo”, tercia Brolo. Por eso, el analista político guatemalteco considera que el movimiento se sostendrá incluso después de las elecciones generales a celebrarse el próximo 6 de septiembre: “Este movimiento ha demostrado tener la capacidad de sostenerse en el tiempo y ser sólido, porque tiene un objetivo que no es de corto plazo”.