Decenas de miles de personas tomaron las calles de varias ciudades europeas este sábado (11.2.2012) para protestar contra el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, son sus siglas en inglés), un tratado internacional que, según sus autores, busca reducir el número de infracciones del derecho de autor en Internet y la violación de la propiedad intelectual en ámbitos que van desde las industrias de la moda, la cultura y el espectáculo hasta la farmacéutica. Los manifestantes, en cambio, ven el acuerdo como una seria amenaza para la libertad de información y expresión.

Falta de transparencia

El hermetismo en torno a la redacción del ACTA, la vaguedad de sus postulados y el hecho de que varios Gobiernos lo hayan firmado sin informar debidamente a la ciudadanía sobre sus posibles secuelas, ha atizado la desconfianza de la población. Las protestas recibieron un espuelazo el 26 de enero, cuando varios Estados de la Unión Europea le dieron el visto bueno.

Hasta ahora, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Suiza le han dado luz verde al acuerdo. Estados Unidos y Japón, quienes vienen promoviendo el ACTA desde 2006­, se esmeraron en persuadir a muchos de ellos de apoyar la iniciativa.

“Piratería”, una noción compleja

No obstante, los Gobiernos de Alemania, Eslovaquia, Letonia, Polonia y la República Checa, que estaban por firmarlo, han decidido retrasar la ratificación del acuerdo debido a la intensidad de las protestas. La esperanza de los opositores del ACTA es que sus argumentos consigan convencer a los jefes de Estado y de Gobierno de no refrendar ese documento. Algunos expertos señalan que ha llegado la hora de hacer una profunda revisión de la noción tradicional de derecho de autor, de su duración y de las excepciones que justificarían su suspensión parcial.

En Alemania, el Partido de los Piratas, La Izquierda y los Verdes se sumaron a quienes critican el ACTA por abusar del término piratería, al equiparar todas las formas no autorizadas de uso, reenvío, reproducción o adaptación de propiedades intelectuales con el robo puro y duro de bienes materiales, dejando de lado el necesario análisis de las diferentes formas que existen de infringir los derechos de autor y sus implicaciones. Muchos temen que una escesiva proteccion de la propiedad intelectual obstaculice el crecimiento de la “sociedad del conocimiento”.

Vigilancia a la Orwell

El tratado suele ser presentado como un nuevo marco legal de adhesión voluntaria para incrementar la protección de las patentes y evitar la violación de los derechos de autor o la falsificación de bienes, dentro y fuera de la red. Pero, a más tardar cuando se enuncian los mecanismos contemplados para alcanzar esos objetivos generales, el proyecto adquiere rasgos controversiales. El endurecimiento de las penas por infringir los derechos de autor promete afectar tanto a los cibernautas como a plataformas como YouTube, Google y Wikipedia.

Los usuarios de la red pueden ser multados, encarcelados o perder el derecho a su conexión de Internet, y los operadores de páginas web como las mencionadas pueden enfrentar costosos juicios por almacenar contenidos cuyo copyright se encuentra en otras manos. Además, se plantea la posibilidad de que el cumplimiento del ACTA sea vigilado por una autoridad propia, ajena a instituciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En todas partes se cuecen habas

Al parecer, ya no está pautado obligar a los proveedores de servicios de Internet a monitorear las actividades de sus clientes y denunciarlas si infringen uno u otro copyright, pero la propuesta de que las agencias policiales de los países firmantes intensifiquen la vigilancia online e intercambien sus hallazgos sigue estando vigente. Está por verse cómo se desarrolla el forcejeo por el control de Internet de aquí en adelante; aparte del ACTA, proyectos de ley como la estadounidense SOPA, la colombiana Ley Lleras y la mexicana Ley Döring, son vistas por muchos como una amenaza para la libertad de expresión e información.

Lawrence Lessig, abogado especializado en derecho informático y fundador de la organización no gubernamental Creative Commons, escribía en su libro Por una cultura libre, que la guerra declarada contra las tecnologías de Internet por grupos como la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos –una de las promotoras de ACTA– ha sido descrita como una lucha para defender la ley, como si lo único que estuviera en juego es el respeto por la propiedad privada. A su juicio, esa es una visión muy limitada del problema.

Lessig argumenta que él también está a favor de castigar a quienes se hacen ricos apropiándose de “propiedad creativa” ajena; pero aclara que si las legislaciones alusivas no se conciben cuidadosamente, las estrategias para acabar con los “piratas” podrían acabar también con valores vitales para las distintas sociedades y sus respectivas culturas: el derecho de los innovadores a construir libremente sobre la base de lo que ya existe y la protección de los creadores frente al Estado y el control privado. Muchos de quienes protestaron este 11 de febrero comparten la perspectiva de Lessig.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: Claudia Herrera Pahl