Venía luchando por la demarcación de sus tierras ancestrales desde el 2000, en Brasil. A partir del 2008, cuando el cacique Babau en una manifestación en contra del desvío de fondos federales destinados a la educación, fue detenido varias veces, le prohibieron viajar, lo acosaron por televisión, lo acusaron de asesinato. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia tuvo que borrar cargos en su contra por falta de pruebas.

Como éste se encuentran otros casos en el informe “Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, en Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Coincidentemente, en estos países –exceptuando Ecuador- la organización Front Line Defenders registra muertes de defensores en 2015. En Paraguay y Perú, acosos.

“No es nuevo en la historia: siempre han sido enemigos del Estado o las empresas. Antes veíamos ataques extrajudiciales, desapariciones forzadas. Ahora vemos que Estado, empresas e individuos con poder usan leyes ambiguamente definidas para poner la etiqueta de criminal, contra gente que está defendiendo derechos absolutamente legales”, explica a DW Michelle Kissenkoetter, especialista alemana en derechos humanos.

Por protestar, ¿es defensor?

Y no es que cualquier persona que proteste sea un defensor de derechos humanos. “Una persona que está manifestando propuestas políticas o usando violencia en sí para defender sus intereses no es un defensor de derechos humanos. Defensor es alguien que está promoviendo, proponiendo y defendiendo los derechos básicos de la gente tal como están definidos en la declaración universal”, aclara Kissenkoetter, desde la sede de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en París.

En los casos presentados se trata del derecho a la propiedad, al agua, a territorios ancestrales, también a derechos relacionados con la salud y el medioambiente. También a la legítima defensa.

Soberanía nacional versus derecho internacional

Si bien cada Estado gestiona y genera su sistema legislativo soberanamente, existen convenios y el derecho internacional. “Por un lado, el problema se origina en que los Estados han firmado y ratificado convenciones internacionales y no las implementan a nivel nacional. Y, lamentablemente, no hay consecuencias para eso”, sigue Kissenkoetter.

Por otro, y ésa es la nueva tendencia, “en las legislaciones nacionales y regionales proliferan leyes ambiguas, que permiten, en aras de la seguridad nacional, tildar de 'criminal' y 'terrorista' a cualquier persona que hable en contra de una política del gobierno, que haga cualquier actividad normalmente pacífica y legal.”, apunta.

"Lastimosamente, en torno a intereses empresariales, hay jueces, agentes de policía y del gobierno que están implicados en la manipulación de la ley”, sigue la especialista.

¿En manos de quién está?

Si controlar el cumplimiento de los derechos humanos –universales, inalienables e indivisibles- es tarea de las organizaciones de todo el sistema internacional de derechos humanos, “les toca a los Estados en sí el reconocer la legitimidad de la labor pro derechos humanos, conforme a declaración de 1998 de la ONU. Y precisar la definición de conductas penales para asegurarse que éstas no sean manipuladas contra el trabajo legítimo de los defensores”, afirma.

Aunque el informe que se presenta en México esta semana habla sólo de América Latina, la misma tendencia se detecta en África y Asia. Incluso en la misma Francia se está debatiendo incluir en la Constitución una enmienda para facilitar el Estado de emergencia.

“Sigue el mismo flujo de estas leyes identificadas en nuestro informe. Se trata de ambigüedad en las leyes nacionales para concentrar poder en el Gobierno, para poder atacar a cualquiera que hable en su contra. Y eso es muy peligroso”, concluye Kissenkoetter.