"Deforestation Inc", una nueva investigación organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 39 medios de comunicación asociados, entre ellos DW, revela cómo se utilizan las certificadoras verdes para validar productos forestales vinculados a abusos de los derechos de los indígenas, tala ilegal y deforestación insostenible.

Científicos calculan que la deforestación con fines agrícolas o de construcción es responsable de más del 10 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Organismos de certificación como el Consejo de Administración Forestal (FSC) establecen las normas y directrices sobre cómo deben gestionarse los bosques de forma responsable. Afirman que los productos que certifican -como madera, papel y aceite de palma- proceden de bosques gestionados de forma responsable que cumplen rigurosas normas medioambientales, sociales y económicas. El objetivo, dicen, "es promover una gestión de los bosques del mundo respetuosa con el medio ambiente, socialmente beneficiosa y económicamente próspera". 

Los malos ejemplos de Indonesia y Brasil

Pero Deforestation Inc. ha demostrado que, con demasiada frecuencia, esta misión se queda corta. Los reporteros rastrearon las huellas de los madereros por todo el mundo, hablando con cientos de interesados y analizando cientos de documentos en más de una docena de idiomas. 

Descubrieron que en al menos 160 empresas de Indonesia, uno de los mayores exportadores de madera tropical del mundo, las infracciones van desde operar con permisos falsos y talas ilegales hasta la destrucción del hábitat utilizado por los elefantes y el tigre de Sumatra, en peligro crítico de extinción.  

Sin embargo, las empresas de auditoría encargadas de examinar a las empresas madereras que desean obtener la certificación de sostenibilidad no informaron de las infracciones. Como resultado, las empresas han mantenido sus etiquetas verdes, engañando así a los consumidores. 

Irregularidades similares salieron a la luz en Brasil.  En su página web, Madeiras Preciosas, que fabrica productos de madera y gestiona más de medio millón de hectáreas de selva amazónica, afirma que obtuvo "la certificación con nota". Y ello a pesar de haber sido multada 36 veces por infracciones medioambientales desde 1998. Deforestation Inc. también descubrió que 54 empresas certificadas por el FSC en Brasil han sido multadas con millones de dólares por cometer infracciones medioambientales.

¿Cómo y por qué pagan las empresas para certificarse?

Aunque no existe ningún requisito legal para que las empresas cuenten con la certificación FSC o de otro tipo, hacerlo se ha convertido casi en una norma del sector para las grandes empresas que buscan mostrar a inversores, accionistas y clientes que su marca está comprometida con las directrices "medioambientales, sociales y de gobernanza" (ESG).

Los fondos de inversión ESG han crecido rápidamente en los últimos años, y las empresas que buscan entrar en este mercado -que puede alcanzar los 53 billones de dólares en 2025- muestran su compromiso pagando a los auditores una cuota anual por la certificación reconocida.

"No es un patio de recreo", declaró a ICIJ Marcos Planello, auditor forestal con sede en Sao Paulo. "Hay gente con armas en el bosque". Y agregó: "Nosotros [los auditores] sólo buscamos zonas cuando una empresa quiere certificarse voluntariamente". Afirma que la certificación sigue siendo una forma válida de reducir el riesgo de silvicultura insostenible y de abusos contra los derechos humanos, pero añade que "si una empresa quiere hacer algo mal, podrá hacerlo".

El que paga, decide qué va en la cuenta

Muchas ONG que formaron parte del Consejo de Administración Forestal desde sus inicios lo han abandonado, entre ellas Greenpeace Internacional.

Simon Counsell ayudó a crear el FSC, pero su creciente frustración con el organismo le llevó a fundar FSC-watch.com, donde él y su equipo publican noticias relacionadas con las actividades de la certificadora. En su opinión, existen "conflictos de intereses estructurales" en el sistema. El principal es que los clientes forestales pagan a los auditores. 

La Comisión Europea está estudiando legislación contra las prácticas de lavado verde. Un documento filtrado propone un sistema de verificación independiente y sanciones para las empresas que hagan afirmaciones medioambientales sin fundamento. Se espera un primer borrador oficial a finales de marzo de 2023.

(jov/dzc)