Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Así se demuestra ahora en Colombia, en donde tras el Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC, un selecto grupo de juristas, amparado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) buscará lo que parece imposible: esclarecer los miles de crímenes cometidos en 52 años de conflicto armado, establecer responsabilidades de todos los bandos, castigar a los autores, buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. Y todo esto, buscando no abrir más heridas, sino teniendo la reconciliación como premisa.

La JEP, en la que 30 de sus 38 miembros tomó posesión de sus cargos el pasado 15 de enero, empezará pronto a funcionar como corte temporal, prevista por 10 años, pero que puede operar hasta un máximo de 20.

Este innovador camino para tratar las barbaridades de colombianos contra colombianos, y algunos extranjeros, a lo largo de más de medio siglo, ha sido fuertemente criticado, especialmente por los opositores al Acuerdo de Paz que aducían que "mientras los exguerrilleros serían condenados a penas leves por la JEP, los policías y militares serían condenados a décadas de cárcel por la justicia ordinaria”.

¿Qué tantos dientes tiene la JEP?

Hacer justicia sin cometer más injusticias ha sido justamente otro de los escollos por librar. Pero lo cierto es que "la JEP recibirá a todos los involucrados en el conflicto, tanto a guerrilleros como a militares y civiles, ateniéndose al Derecho Internacional Humanitario”, dice a DW Claudia Vaca González, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y quien presidió el Comité de Escogencia de los magistrados del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación.

"Los militares tienen el derecho a someterse a la JEP, y así como los exguerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, serán castigados, aunque no con una pena clásica sino restaurativa”, apunta Claudia Vaca. Esto quiere decir que no estarán privados de su libertad más de ocho años.

¿Pero qué tantos dientes le quedan a este tribunal si el Congreso abolió la obligatoriedad de comparecencia de "terceros civiles”? "Es imposible pensar en el conflicto sin pensar en terceros, como los financiadores, fueran estos voluntarios u obligados. Si en el transcurso de las investigaciones, empero, se establece que un empresario, por ejemplo, estuvo involucrado en crímenes, puede ser citado por la JEP”, agrega Vaca.

En todo caso, la ley de Amnistía determina los hechos amnistiables y no amnistiables, y su relación con el delito político. De este modo, "podrá ser amnistiado quien haya atentado contra el Estado en desarrollo del conflicto armado, como quienes hayan facilitado, apoyado, financiado u ocultado el desarrollo de la rebelión”, explica la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por otra parte, "no gozarán de amnistía ni indulto quienes hayan estado implicados en delitos de lesa humanidad, genocidio, toma de rehenes, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y otras formas de violencia sexual,  desplazamiento forzado o reclutamiento de menores, conforme lo establece el Estatuto de Roma".

Las esperanzas están puestas en los jóvenes

Todo este complejo proceso se lleva a cabo en medio de un caldeado clima de polarización en época preelectoral en Colombia. No en vano, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, durante la ceremonia de inauguración, envió un mensaje de tranquilidad a todas las partes: "Nuestro compromiso irrestricto es garantizarles a Colombia, y a todos los que acuden a la JEP, cualquiera sea su condición, el máximo rigor, independencia, autonomía, imparcialidad, pulcritud y transparencia en nuestras actuaciones y decisiones”.

"De la diligencia y efectividad con que actúe la JEP, dependerá su aceptación en la sociedad", reconoce Claudia Vaca, quien advierte empero, que "dicha institución aún tendrá que hacer un gran trabajo pedagógico para apuntalar su reconocimiento entre la población”.

Un aspecto del que depende su éxito. Y para que así sea, Colombia cuenta con el respaldo financiero, táctico y académico de la Unión Europea, y especialmente de Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega e Irlanda, que aportan al fondo multilateral para la paz en Colombia.  "Un fondo administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”, agrega Vaca, quien destaca que "el apoyo de la comunidad internacional ha sido clave en todo el proceso de paz; no solo financiero, sino con medidas que han ayudado a la distensión, como la exclusión de las FARC de la lista de terroristas”.

A través de fondos de la Cooperación para el Desarrollo, "Alemania ha puesto a disposición, en los últimos diez años, hasta 367 millones de euros para apoyar el proceso de paz”, dice el Ministerio alemán de Exteriores.

A lo que se añade, desde 2014, también préstamos por valor de 100 millones de euros por año. Con fondos adicionales del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores se han realizado tareas de remoción de minas en zonas de conflicto, las víctimas de las minas han recibido ayuda, a los desplazados se les ha brindado alojamiento y tratamiento médico. Otros diversos proyectos alemanes les ayudan en la búsqueda de empleo.

Aunque la JEP se mueve al borde de la cuchilla, Vaca es optimista: "A pesar de las tensiones y presiones actuales, las cifras de reducción de la violencia son muy contundentes, además de que paulatinamente los recursos gastados en el conflicto serán liberados para inversión social”. Por último, las esperanzas de esta "docente política” están puestas en "la juventud entusiasmada con la paz, que trabaja por superar el revanchismo de generaciones anteriores”.

José Ospina-Valencia (er)