Bernd Carstensen, de la Federación de Servidores Públicos en el Combate al Crimen, lo dijo de manera muy clara : "Debemos mejorar e intensificar las posibilidades técnicas y jurídicas con las que contamos actualmente para investigar en Internet". En entrevista con la emisora radial alemana Deutschlandfunk, el funcionario fue aún más específico: “Esto significa que debemos estar facultados para rastrear el tráfico de datos hacia y desde computadoras y servidores en los cuales suponemos que se almacena o se comercia material pornográfico con menores de edad".

Nuevas disposiciones

Carstensen apoyó las iniciativas que condujeron a la aprobación, por parte del Parlamento Alemán (Bundestag) y del presidente Horst Köhler, de una norma que obliga a los proveedores de servicios por Internet a almacenar durante seis meses los datos relacionados con el tráfico de datos de sus clientes. Estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2008.

En caso de sospecha, las autoridades puede tener acceso a esta información, pero sólo previo mandato de la corte. También fueron autorizadas, bajo la misma condición, las escuchas telefónicas a sospechosos.

La controversia se intensifica

La medida, empero, aún es motivo de enorme discusión pública. Por una parte se pondera el hecho de que, con herramientas menos invasivas, las autoridades alemanas lograron detectar una red internacional de pornografía infantil que abarca hasta el momento a 12.000 sospechosos.

Los investigadores gubernamentales señalan que necesitan mayores atribuciones para lograr resultados mucho más efectivos contra esta forma de crimen organizado.

“Las imágenes o filmes con pornografía infantil se propagan con gran rapidez a través de Internet”, dijo Carstensen a la emisora alemana. “Este tráfico también se da de manera muy anónima, y estas personas incluso consiguen grandes ganancias con este comercio. En esa dirección debemos actuar; de ser posible, deteniendo estos ríos de dinero”, afirmó.

Demanda ciudadana

Por otra, grupos civiles señalan que la medida implica una pérdida de libertad y privacía incompatibles con cualquier entorno democrático. Y no sólo eso. Un amplio espectro de organizaciones, que abarca desde defensores de los derechos civiles hasta protectores de datos personales y usuarios de Internet, interpondrá esta semana una demanda de inconstitucionalidad.

En total, el recurso representará a 25.000 ciudadanas y ciudadanos alemanes reunidos en el Grupo de Trabajo contra la Retención de Datos (Arbeitskreis Vorratdatenspeicherung) . "Pelearemos para que nuestros derechos fundamentales no se esfumen como los juegos pirotécnicos al llegar el Año Nuevo", dice Gisela Pilz, vocera del Partido Liberal Alemán para asuntos del interior.

La recaudación de datos y su posible análisis policiaco "son un golpe al basamento mismo de nuestros derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional decidirá, finalmente, si la observación de millones de personas en Alemania es acorde con la Ley Fundamental", señala Pilz.

La demanda constitucional, así como las repercusiones prácticas de las medidas aprobadas, podrían transformarse en uno de los temas más candentes del nuevo año político en Alemania.