El miércoles 21 de diciembre de 2016, el brasileño Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora Odebrecht, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber entregado en sobornos aproximadamente 788 millones de dólares, para obtener licitaciones de obras públicas, a exfuncionarios de gobiernos de 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Perú.

Odebrecht señaló que su empresa entregó en Perú 29 millones de dólares a candidatos presidenciales y funcionarios públicos con altos cargos entre 2005 y 2014, es decir durante las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Mientras que en Brasil los implicados eran del izquierdista PT, en Perú eran de todas las tiendas políticas.

Al poco tiempo, la Fiscalía peruana formó el equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal coordinador Rafael Vela y el provincial José Domingo Pérez. Ambos ganaron fama rápidamente y se han posicionado entre las diez personas más poderosas del país, según una encuesta de Ipsos. Muchos comparan a Vela y Domingo con Sergio Moro, el juez brasileño que condenó a prisión al expresidente Lula.

La figura clave para obtener más información sobre Perú era el exjefe de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó finalmente el 15 de febrero de 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana para la entrega de pruebas. La empresa se comprometió también a pagar 180 millones de dólares al Estado peruano.

Odebrecht y Barata revelaron que los pagos salieron de la denominada “Caja 2” que tenía la empresa. Esta fue una división creada por la constructora brasileña específicamente para el pago de sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos en los países en los que la empresa operaba. Muy pocas personas dentro de la empresa sabían de su existencia.

El primer expresidente peruano en ser puesto en prisión preventiva por el caso fue Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia, en julio de 2017. Ambos pasaron nueve de los 18 meses impuestos tras la anulación de la prisión preventiva por parte del Tribunal Constitucional. Odebrecht contó que entregó a los Humala tres millones de dólares para la campaña de 2011. Dicho monto no fue declarado.

Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia el 21 de marzo de 2018, a raíz de las denuncias del partido fujimorista sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por sus lazos con Odebrecht. PPK cumple prisión preventiva domiciliaria por presuntamente haber ayudado a Odebrecht a adjudicarse la construcción de la Interoceánica cuando fue ministro de Toledo.

El 31 de diciembre de 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, destituye a los fiscales de Lava Jato. Chávarry, investigado por presuntos vínculos con una red de corrupción y con el fujimorismo, argumentó que Vela y Domingo vulneraron el principio de jerarquía tras haber cuestionado su permanencia en el cargo. Tras presión ciudadana, los fiscales fueron restituidos y Chavarry renunció.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió el 17 de abril de 2019, cuando el expresidente Alan García se disparó en la cabeza momentos después de ser intervenido por la Policía. Su situación se había complicado después que su exsecretario personal, Luis Nava, y Barata, confirmaron que este recibió cuatro millones de dólares de Odebrecht para lograr el contrato de la Línea 1 del Metro de Lima.

El expresidente Alejandro Toledo fue arrestado el 16 de julio de 2019 como parte del pedido de extradición de Perú por presunto delito de corrupción y lavado de activos. Según Barata, Toledo recibió en coimas más de 30 millones de dólares por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica. Su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó a la Fiscalía que actuó como testaferro.

Las investigaciones también alcanzaron a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien en noviembre pasado dejó la prisión tras más de 13 meses. En un primer fallo, Fujimori había recibido 36 meses de prisión preventiva, sindicada por Barata de haber aceptado más de un millón de dólares para su campaña de 2011 y por tratar de obstruir las investigaciones con su mayoría en el Parlamento.

Otra decena de exautoridades se han visto involucradas en la trama Lava Jato, como los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán (en la foto) y Luis Castañeda, quienes son investigados por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima. Villarán está recluida en prisión preventiva. Sin embargo, hasta ahora solo hay un sentenciado y dos acusados por el caso en Perú.

La justicia peruana ordenó el 28 de enero (2020) que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva por un plazo de 15 meses, al acoger una petición de la Fiscalía. La juez dijo que Fujimori estaría involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora y cuando habría intentado ser la más importante funcionaria de la nación, en las campañas electorales de 2006 y 2011.

La empresa brasileña demandó el 5 de febrero (2020) por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano. La constructora anunció haber acudido al CIADI, con sede en Washington, en busca de una indemnización para "preservar sus legítimos derechos" porque Lima "violó sus obligaciones".

El 14 de febrero (2020) fue enviado a prisión preventiva, por 24 meses, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda. Éste es el segundo exalcalde limeño enviado a prisión en este escándalo de corrupción. Castañeda es acusado de haber recibido ilegalmente 480.000 dólares de la constructora OAS para su campaña a la alcaldía en 2014 y otros 150.000 dólares de Odebrecht.