La Fiscalía mexicana pretende cerrar la investigación del caso Tlatlaya, un escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2014, a pesar de tener nuevos indicios, denunció este viernes (23.10.2020) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Tras imponer un recurso de amparo, abogados del Centro ProDh, que representan a la madre de una de las víctimas, lograron interrogar el pasado 29 de septiembre a cinco militares de diferentes rangos sobre lo sucedido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el céntrico Estado de México.

"Tres días después, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal. Dijo que con la entrevista ya se cumplió la sentencia de amparo y ya no hay nada por hacer. No se tienen datos nuevos, por lo tanto se debe cerrar esta investigación", explicó a la agencia EFE la abogada Ivette Galván.

Ante esto, la letrada del Centro ProDh avanzó que están preparando una impugnación porque, a su juicio, en el interrogatorio se arrojaron "datos nuevos para tener una investigación activa" sobre el caso Tlatlaya, por el cual nadie ha ido a prisión todavía.

En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, colindante con la capital.

Según la versión inicial ofrecida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.

Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega, el 30 de junio de 2014. Sin embargo, los soldados fueron absueltos dos años después.

(efe, La Octava, El País América)