Un ataque a tres miembros del ejército venezolano por parte de un presunto grupo narco-paramilitar colombiano, ocurrido el pasado 17 de agosto en San Antonio del Táchira, provocó que el presidente Nicolás Maduro decretara el cierre de la frontera en dos localidades a partir del 19 de agosto, por 72 horas. Sin embargo, pasado ese período, el paso fronterizo no se habilitó, sino que el mandatario declaró estado de excepción en cinco municipios fronterizos: Bolívar, Ureña, Independencia, Junín y Libertad.

De inmediato comenzaron las deportaciones de colombianos que habitan los pueblos fronterizos. De la zona han salido ya más de 1.000 colombianos por esa razón, y se cifra en más de 5.000 lo que han abandonado el país por decisión propia, temerosos de represalias.

Los colombianos deportados han denunciado brutalidad, abusos contra las mujeres, discriminación y maltrato por parte del ejército venezolano. Adicionalmente declararon que sus viviendas han sido marcadas con las letras "R" o "D", que suponen, distingue las que serán revisadas de las que serán demolidas.

Negociaciones infructuosas

En torno al conflicto se han establecido negociaciones bilaterales entre las cancillerías, mas no se han alcanzado acuerdos sustanciales. El jueves 27 de agosto, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, acusó incumplimientos por parte del gobierno venezolano de las acciones acordadas y afirmó que las personas deportadas han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Además el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, manifestó su indignación y aseguró que se tomarán medidas para garantizar el bienestar de las personas deportadas. A través de su cuenta de Twitter mandó apoyo a aquellos que han sido expulsados de Venezuela.



El proceso de deportaciones no es nuevo. Desde enero, y como parte de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que lleva a cabo la Guardia Nacional Bolivariana, se han desplazado desde entonces unas 4.800 personas a los departamentos de Bolívar, Atlántico, César y La Guajira.

Se incrementan las deportaciones

“Lo que tenemos en la frontera colombiana es una cantidad de albergues y campamentos informales con riesgo de enfermedades, la gente cuidando una nevera o un televisor porque es el único bien que les queda”, dijo Alberto Martínez, el Director del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte en Barranquilla.

“En la zona de La Guajira la frontera está abierta, con algunas restricciones, pero está abierta, y es el punto fronterizo más álgido porque es donde el mayor comercio se da, tanto de mercancía venezolana como colombiana”, apunta Martínez. En la frontera de Paraguachón, que es la más grande, no hay cierre, pero alrededor de 5.000 familias están en alerta, recogiendo sus propiedades, para salir en el momento si les es necesario.



La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) lanzada por las fuerzas venezolanas tiene como propósito liberar zonas que habían sido ocupadas por grupos delincuenciales vinculadas al secuestro y paramilitarismo, de acuerdo con las autoridades. Así, Venezuela alega que las medidas son para resguardar la producción venezolana del contrabando y a la población del crimen, y exige una ofensiva común al contrabando y un “retorno a la paz” para abrir los más de 100 kilómetros de frontera con Colombia que siguen cerrados, y que la noche del viernes (28.08.2015) se extendió a otros cuatro municipios (Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano).

En los últimos meses Venezuela también ha tenido disputas por el Territorio Esequibo con Guyana, su vecino del este. El territorio es administrado por Guyana, aunque hay una disputa al respecto con Caracas. En marzo pasado la petrolera Exxon Mobile inició operaciones en la zona con el aval de Guyana, reactivando la disputa entre los dos países.

Venezuela tendrá elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de este año y, de acuerdo con las encuestas más recientes, el oficialismo se encuentra 20 puntos por debajo de la oposición.