"Apoyamos a las diputadas y feministas argentinas; vamos a apoyar también a las mujeres chilenas, estamos de acuerdo con que las leyes de interrupción voluntaria del embarazo sean de plazos y no de casos”, dijo a DW María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, en una semana en que la Eurocámara revisa los logros de la Plataforma de Beijing.

En la capital china, hace 25 años, 189 países acordaron objetivos para conseguir la igualdad de género y reconocieron los derechos de la mujer -entre ellos a la salud sexual y reproductiva- como un derecho humano.

El balance no es muy bueno; no es solo que ningún país ha logrado la equidad, sino que mucho involuciona: mientras la pandemia ha incrementado la violencia de género y la pauperización de las mujeres, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo se sigue cuestionando en América Latina. Y se vuelve a cuestionar en algunos países de la UE.

Acción desde Bruselas

Preocupada por la situación, "nos ratificamos en los compromisos adquiridos hace 25 años”, afirmó Helena Dalli, comisaria europea de Inclusión e Igualdad, asegurando que está en marcha un plan de acción para asuntos de género, tanto al interior de la UE como en sus relaciones exteriores.

"Hasta antes de la aprobación de la ley del aborto en Argentina (30.12.2020), solo el 5% de la población femenina en América Latina tenía acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Entre nuestras obligaciones como eurodiputadas vinculadas al área internacional está el velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven fuera de nuestras fronteras”, comentó a DW Mónica Silvana González, eurodiputada por España, que integra la comisión de Desarrollo.

En ese contexto, "hemos apoyado las luchas de las mujeres salvadoreñas. Estamos ante una situación lacerante: a muchas de esas mujeres se las ha condenado por abortos espontáneos, sin tener acceso a anticonceptivos, sin tener acceso a educación sexual en un entorno de abuso y altísima agresión machista”, apunta Rodríguez Palop. "No se puede culpabilizar a las mujeres”, enfatiza.

Ante graves retrocesos

En cualquier caso, en la reciente resolución de la Eurocámara se hace hincapié tanto en que la violencia física o sexual se ha incrementado drásticamente durante la pandemia (un 60% más de llamadas de emergencia), como en que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.

Pero, por otro lado, las voces que no apoyan ni la resolución ni el enfoque mayoritario en la UE recuerdan el derecho a la vida.

"No estamos ante un tema menor. No se trata de minusvalorar lo que puede representar una vida incipiente, sino de poner sobre la mesa la colisión de derechos e intereses. Por eso hay que legislar adecuadamente: resolver siempre en favor del feto supone también una vulneración de derechos. Porque las mujeres que quieren interrumpir un embarazo tienen derecho a la vida, a la salud, a una vida digna”, explica Rodríguez Palop, agregando que la ley de plazos -hasta las catorce semanas- es lo más justo y respetuoso con todas las percepciones. 

Como fuere, la perspectiva no es buena: como efecto de la pandemia del COVID-19, el Fondo de Población de Naciones Unidas prevé millones de nuevos casos de violencia, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y embarazos no deseados. Y en Bruselas se está consciente de ello.

 "Efectivamente, si la UE quiere ser un actor global no puede mirar para otro lado”, concluye González. Por lo pronto, una conferencia con diputadas chilenas que promueven la ley que permitirá a las mujeres decir sobre su cuerpo se anuncia para la primavera boreal.